La Comisión Europea ha presentado este miércoles una propuesta para obligar a los bancos a ofrecer a sus clientes la posibilidad de realizar pagos instantáneos en menos de diez segundos y cualquier día de la semana en toda la Unión Europea, tras constatar que este servicio, posible mediante plataformas como Bizum, apenas representa un 11% de las transferencias realizadas en euros cada año.
«El dinero debería poder cambiar de manos rápidamente, con un click», ha defendido la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, quien ha explicado que Bruselas plantea normas vinculantes porque la evolución no se ha producido de manera natural y «si se deja en manos del mercado podría llevar una década» que los pagos inmediatos fueran la norma. Los detalles de la propuesta deberán ser ahora negociados entre el Parlamento Europeo y los Veintisiete antes de que vea la luz.
Los servicios de pago instantáneo han penetrado de manera muy desigual en los países de la Unión Europea, con un tercio de los países en donde siquiera existe esta posibilidad y varios en donde las comisiones cobradas por las entidades de pago superan las que se imponen a pagos convencionales.
Por ello, Bruselas quiere fijar un tope a las comisiones que el servidor de pago podrá cobrar por pulsar la operación en euros, de modo que en ningún caso pueda ser superior al coste de una transferencia clásica gestionada por la misma entidad.
También se exigirá a las entidades que garanticen la disponibilidad universal de los pagos instantáneos en euros, con la obligación para los proveedores de servicios de pago en la Unión Europea que ofrecen ya la posibilidad de transferencias en euros que den el paso a incluir el instantáneo en un plazo cerrado.
Otra de las claves para favorecer los pagos instantáneos a ojos de los servicios comunitarios es reforzar la seguridad de estos procesos para ganar la confianza de los clientes, ya sean particulares o empresas.
Por ello, la nueva norma obligará, por ejemplo, a que los proveedores deban comprobar antes de ejecutar el pago que el número de cuenta bancaria (IBAN) y el número de beneficiario se corresponden para poder alertar a este último en caso de error o fraude.
Finalmente, la propuesta comunitaria quiere agilizar los procedimientos de control europeos para filtrar los nombres de personas sobre las que pesan sanciones de la Unión Europea y, por tanto, tienen congelados sus activos en territorio comunitario. Bruselas propone para ello que las entidades puedan actualizar al menos una vez al día los datos de sus clientes en relación a las sanciones para evitar que tengan que perder tiempo comprobando ese factor en cada transferencia instantánea, porque ese control impediría realizar la operación en segundos.
En este sentido, el Ejecutivo comunitario recuerda que apenas el 9,4% de las transferencias actuales son rechazas y, en el 99,8% de los casos es por un motivo erróneo.
