El Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha devuelto al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Alcorcón las diligencias encaminadas a determinar si la exasesora de Podemos Dina Bousselham cometió un presunto delito de denuncia falsa cuando amplió su denuncia por el robo en 2015 del teléfono móvil que alojaba una serie de información que luego fue publicada en la prensa.
Fue el pasado septiembre cuando el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón se dirigió a los juzgados de Madrid y de Alcorcón para que determinaran si había indicios suficientes para investigar a Bousselham y a su pareja, Ricardo Sa Ferreira. Lo hizo a petición de la Asociación de Juristas Europeos ProLege –que ejerce la acusación popular en la causa– para determinar si habían cometido un delito de falso testimonio –en sus declaraciones– o de denuncia falsa –en la ampliación de la denuncia–.
El juez de Alcorcón Agustín Carretero –al que por reparto le tocó estudiar este asunto– acordó devolver el caso a la Audiencia Nacional al concluir que si se deduce que Bousselham mintió en sede judicial y en sede policial «siguiendo» una «estrategia» lo que correspondía es que ambas cosas se investigasen como un todo y no por separado.
Carretero defendió que, «en consecuencia», la actuación de Bousselham debía «ser objeto de un único procedimiento que debe conocer el Juzgado de Instrucción de Madrid que por turno corresponda», porque dicho juzgado es el encargado de investigar el presunto delito de falso testimonio, que conlleva una pena mayor al supuesto delito de denuncia falsa.
Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que el Juzgado que dirige Manuel García Castellón ha aclarado al juez de Alcorcón que debe ser él mismo el encargado de remitir el asunto a los juzgados madrileños si considera que son estos los que deben hacerse cargo de este caso.
LA DECLARACIÓN DE DINA Cabe recordar que Bousselham declaró en calidad de testigo –por lo que estaba obligada por ley a decir la verdad– en el marco de la pieza 10 del ‘caso Villarejo’, donde se investiga el recorrido que tuvo su tarjeta telefónica desde que le robaron el móvil en 2015 hasta que parte de la información que contenía apareció publicada en los medios de comunicación.
El juez García Castellón vio indicios para investigar a la exasesora de Pablo Iglesias porque creía que cuando ésta amplió su denuncia en Alcorcón sabía que los archivos publicados en la prensa habrían podido ser difundidos previamente por ella a terceras personas. Así, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 avisó de una presunta «estrategia procesal fraudulenta, ideada por la dirección de la organización Podemos e instrumentalizada a través de los servicios jurídicos».
El magistrado instructor cree que la exasesora de la formación ‘morada’ y su pareja mintieron en sus declaraciones porque en una ocasión dijeron que cuando Iglesias les devolvió la tarjeta del teléfono móvil robado ya no funcionaba; en la otra, sin embargo, afirmaron que cuando se la entregó les funcionó solo una primera vez y luego ya no.
Manuel García Castellón apreció indicios para investigar las actuaciones de ambos testigos en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que indicó que aunque «se evidencian vaguedades y contradicciones» en las versiones de Bousselham y Sa Ferreira no cabía considerar que con ello se haya alterado de ningún modo el resultado de la investigación.
El propio magistrado había puesto de relieve las contradicciones que apreció en las declaraciones de Bousselham y Sa Ferreira en una exposición razonada que elevó a la Sala Penal del Tribunal Supremo el 7 de octubre de 2020.
En aquella ocasión pidió que se investigara al exlíder de Podemos Pablo Iglesias por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito. El Supremo, sin embargo, desestimó la petición.
Posteriormente, el instructor puso fin a las pesquisas de esta pieza separada del ‘caso Villarejo’ al entender que había llegado a un punto muerto porque los expertos de la Policía Científica no podían determinar cómo y cuándo se habían producido los daños en la mini SD.
Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó reabrir esta línea de investigación, a petición de Iglesias y la propia Bousselham, para aclarar si la cúpula policial del momento estuvo implicada de alguna manera en el robo del teléfono. Los recurrentes alegaban que podía tratarse de una especie de ‘Operación Kitchen’.
