El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha anunciado que los servicios jurídicos van a empezar a preparar desde ya un contencioso administrativo en el Tribunal Supremo contra la resolución del Consejo de Ministros hecha pública este martes, por la que negaba la celebración de un referéndum para consultar si los vecinos quiere convertirse en ciudad autónoma propia.
«No es una derrota, estaba dentro de la hoja de ruta que como Corporación teníamos marcada», ha manifestado en rueda de prensa el alcalde, que ha dejado claro que «esto no es la caricatura del Puigdemont del sur y que voy a poner las urnas en los colegios sin permiso, lo único que estamos defendiendo es, simplemente, preguntarle a nuestros vecinos qué piensan de esta idea».
Franco ha señalado que tienen un plazo de dos meses para poder acudir al Supremo, «y en función de la respuesta se estudiarían otras vías». «La resolución no nos coge de sorpresa porque ya hubo unas alegaciones de la Subdelegación y se atisbaban algunas cuestiones», ha añadido.
El alcalde, tras apuntar que «el mismo Gobierno que impide esta consulta anuncia un paquete excepcional para Ceuta y Melilla de 711 millones de euros», ha asegurado que seguirán «luchando por esta ciudad y este tema es la única salida para salir de la situación de frustración que se tiene».
«No se presenta alternativa alguna y el Estado español es el que nos obliga a plantear esta cuestión, que esta prevista en la Constitución española. Hasta la fecha he escuchado agua de borrajas y no se plantean soluciones para los problemas que tenemos», se ha quejado el alcalde.
En este sentido, ha añadido que «en noviembre de 2018 el Gobierno anunció un plan a bombo y platilla para el Campo de Gibraltar y lo único de esos 1.000 millones supuestos que venía para La Línea era el quinto juzgado». «La sensación que tengo es que el Estado quiere que haya una cloaca en este país y que sea La Línea», ha afirmado.
Finalmente, ha repasado la situación tras las supuestas promesas realizadas desde otras administraciones y «no hay previsión de inversiones de ningún tipo, seguimos con infraestructuras de carretera tercermundistas o, por ejemplo, con el plan especial de seguridad se han hartado de mandar policías y guardias civiles pero medidas sociales, ninguna, ni un plan especial de empleo, de formación o para familias desestructuradas».
