El arrastre de fondo se practica hasta 9 veces más dentro de las áreas marinas protegidas que en el resto de zonas marinas, según un estudio llevado a cabo por Oceana en el que se analiza la actividad aparente de arrastre de fondo de 2021 en áreas marinas protegidas (AMP) españolas.
De este modo, el estudio concluye que la red europea Natura 2000 de espacios protegidos, que cubre un 8% de la superficie marina española (88.000 km2, aproximadamente la superficie de Andalucía), habría soportado 600.000 horas de arrastre aparente en 2021, lo que equivale a una media de 7 horas por cada km2 de superficie marina protegida, mientras que fuera de estas zonas la intensidad fue de 0,8 horas por km2.
La ONG denuncia que el arrastre de fondo es un arte de pesca de los más dañinos para el medio marino. Ya en el informe ‘Parques de papel en España: arrastre de fondo en áreas marinas protegidas’, la organización para la conservación marina alertó de la alta incidencia que tuvo la pesca de arrastre sobre las AMP españolas en 2020.
Este informe reveló la existencia de zonas de alto valor natural, como las designadas bajo el proyecto LIFE+ INDEMARES, entre las más arrastradas. Una vez analizados los registros de 2021, se ha comprobado que aquel primer análisis habría subestimado el impacto de la actividad, posiblemente por el descenso de la pesca a causa de la pandemia por la Covid, precisa Oceana, que añade que, por ejemplo, en aquellas zonas Natura 2000 especialmente designadas para la protección del fondo marino las horas de arrastre aparente se han incrementado un promedio de 42% respecto a 2020.
«El arrastre está ejerciéndose con más intensidad en aquellas zonas protegidas donde precisamente debería estar prohibido. Se trata de una actividad incompatible con la conservación: afecta tanto a las especies y hábitats, como indirectamente al conjunto del ecosistema, y por tanto el daño es de gran alcance y duradero. El Gobierno debe abordar de una vez los impactos de la pesca en las áreas protegidas; no hacerlo conlleva un incumplimiento de sus obligaciones establecidas por las leyes ambientales», denuncia Silvia García, científica marina senior de Oceana.
