El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha recordado que la organización de los traslados de los presos es «competencia» de la Guardia Civil y que en ningún caso puede hablarse –en referencia a la devolución del exjefe de ETA Garikoitz Azpiazu, ‘Txeroki’, a la prisión francesa en la que cumple condena– de que estos traslados sean una especie de «turismo penitenciario».
Ortiz ha intervenido este jueves, en Vitoria-Gasteiz, en el seminario ‘Justicia, verdad y convivencia’, organizado por la Fundación Fernando Buesa para propiciar un debate «técnico» y evitar los mensajes «distorsionados» y «de trazo grueso» sobre las medidas judiciales y penitenciarias para condenados por terrorismo.
El secretario general de Instituciones Penitenciarias ha subrayado la importancia de realizar «pedagogía» y de actuar de forma transparente para evitar las «malas interpretaciones» que en ciertos ámbitos se realizan sobre las decisiones que se adoptan en materia penitenciaria y judicial.
En este sentido, Ortiz ha agradecido que en el turno de preguntas un periodista le haya pedido explicaciones sobre dos cuestiones relacionadas con un presunto «trato de favor» a presos de la desaparecida organización terrorista ETA, dado que de esta forma ha podido ofrecer las «aclaraciones» pertinentes.
Una de las preguntas se ha referido a un informe de la Guardia Civil que se conoció el pasado mes de febrero y que constata la existencia de contactos entre el propio Ortiz y personas como Joseba Azkarraga, exconsejero vasco de Justicia y actual portavoz de Sare, en los que se abordó la situación de los reclusos de la desaparecida ETA.
Ortiz ha explicado que Azkarraga le había pedido hasta en seis ocasiones mantener una reunión y que tiene «por costumbre» atender a todas las personas que quieren hablar con él, motivo por el cual se entrevistó con el portavoz de Sare.
«APLICAMOS LA LEY»
En todo caso, ha destacado que también se ha reunido con otras muchas personas y colectivos, especialmente con asociaciones de víctimas o víctimas a título individual, con las que ha afirmado que ha mantenido 15 reuniones. A su vez, ha explicado que es habitual que se reúna con padres de presos y que «todos los días» recibe a tres o cuatro funcionarios o directores de prisiones.
El secretario general de Instituciones Penitenciarias ha afirmado que es su «obligación» atender a las peticiones para celebrar estos encuentros, si bien ha precisado que no es «responsable» de «lo que puedan decir» sobre esas reuniones las personas con las que se entrevista. «Les cuento lo que les puedo contar, que no es otra cosa que aplicamos la ley», ha afirmado, en referencia al mensaje que trasladó a Azkarraga.
En este sentido, y en alusión a la gestión de la situación penitenciaria de los presos de ETA, ha recordado que son las juntas de tratamiento de las prisiones las que hacen las propuestas a este respecto, las cuales se reciben en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que asume «la mayoría» de esas propuestas en los términos en las que las recibe, si bien en determinados casos –en función del criterio de sus propios técnicos– adopta una decisión diferente a la planteada.
«TRANSPARENCIA»
Ortiz ha afirmado, asimismo, que cuando este informe de la Guardia Civil salió a la luz, dio a conocer su agenda, sobre la que ha destacado que es «pública» y «transparente». «No hay nada que esconder», ha añadido.
La otra pregunta que le han formulado en relación al trato dispensados a los reclusos que en su día pertenecieron a ETA se refiere al traslado de Garikoitz Azpiazu, ‘Txeroki’. El exjefe de la desaparecida banda fue trasladado el 10 de octubre a la cárcel de Martutene, en San Sebastián, después de recalar en el centro penitenciario de Zaballa, en Álava, como paso previo a su devolución a la prisión francesa de Lannemezan.
Las autoridades de Francia, donde Azpiazu cumple condena, entregaron temporalmente al antiguo jefe de ETA España el pasado mes de agosto para responder por casos pendientes de la organización terrorista, y desde entonces hasta su devolución al país vecino, estuvo recluido en Soto del Real.
Ortiz, en respuesta a las críticas al supuesto «privilegio» que ha supuesto la forma en la que se ha llevado a cabo la devolución de ‘Txeroki’, ha recordado que los traslados de los reclusos «no los realiza la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias», sino un grupo específico de la Guardia Civil, que es la que tiene la «competencia» sobre esta materia.
«A ese cuerpo de seguridad no le puedo decir cómo debe trasladar a los internos», ha afirmado, tras lo que ha explicado que se enteró por los medios de comunicación del itinerario que se había seguido para la devolución de Azpiazu. «Nunca puedo ordenar a la Guardia Civil que el traslado se haga en coche o en barco», ha indicado.
Por ese motivo, ha explicado que se sintió «sorprendido» cuando algún medio de comunicación calificó la forma en la que se había llevado a cabo dicho traslado de «turismo penitenciario o una cosa parecida».
Ortiz ha destacado que las «líneas» para llevar a cabo este tipo de traslados están «previamente delimitadas desde hace muchos años». «No hacemos ningún tipo de turismo penitenciario, ni nos interesa», ha añadido.
El secretario general de Instituciones Penitenciarias ha informado de que en la actualidad, 36 presos de ETA cumplen condena en cárceles de su competencia, a los que se suman los que permanecen en prisiones vascas –cuya gestión es competencia del Gobierno autonómico– y francesas.
De esos 36 presos que permanecen en cárceles de competencia estatal, diez cumplen condena en Navarra y los 26 restantes, en prisiones de otras partes del Estado. Estos 26 reclusos, según ha explicado, están en situación de segundo grado. Ortiz ha informado de que cuando llegó al cargo en 2018, el número de presos de ETA era de 210, y que desde entonces, una media de diez reclusos de la banda ha salido a la calle «por cumplimiento íntegro» de su condena.
Además, ha informado de que desde 2018 se han aprobado 29 progresiones a tercer grado, tres de las cuales fueron posteriormente revocadas por la Audiencia Nacional. Por el contrario, ha afirmado que en un caso en que la Secretaría General rechazó este tipo de progresión de grado, la Audiencia Nacional acabó concediéndola.
RESOCIALIZACIÓN En su intervención, Ortiz ha recordado que la legislación estatal e internacional contempla el derecho de los reclusos a cumplir condena en prisiones cercanas a su lugar de procedencia o de arraigo. Además, ha subrayado que la Constitución contempla el fin «resocializador» de las penas privativas de libertad.
No obstante, ha afirmado que en el caso de los condenados por terrorismo, la resocialización presenta una «dificultad» añadida, dado que se trata de personas que delinquían «por convicción», y que modificar esa convicción es «difícil». En todo caso, ha subrayado que siempre hay que trabajar para tratar de lograr la resocialización.
Ortiz ha destacado la importancia que tiene tratar de esclarecer judicialmente los cerca de 300 crímenes de ETA pendientes de resolver, dado que las víctimas «tienen derecho a saber qué paso».
Respecto a los límites y márgenes existentes en materia de política penitenciaria, ha recordado que en un Estado de Derecho hay un conjunto de normas que deben cumplirse, si bien todo Estado de Derecho tiene «un punto de humanidad» y una capacidad de «adaptarse» a situaciones diferentes, dado que su objetivo no es que todos los reclusos estén «eternamente en la cárcel».
