Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha presentado en el Congreso una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para destinar 1.000 millones de euros a la creación de un fondo local de cobertura de la factura energética destinado a las entidades locales.
La enmienda parcial, a la que ha tenido acceso Europa Press, explica que se trata de un crédito extraordinario que tendrá por objeto dotarlas de mayor financiación para cubrir los sobrecostes de la factura energética que se produzcan en 2023, que se distribuirá durante 2023 y 2024, conforme a los criterios de reparto que a tal efecto se acuerden.
La formación independentista aclara que los importes que perciban las entidades locales con cargo a dicho crédito deberán destinarse «exclusivamente» a financiar los sobrecostes de los suministros de energía correspondientes a la electricidad, gas y combustibles fósiles.
La fijación de los criterios de reparto acontecería durante el primer trimestre de 2023, de acuerdo con la Federación Española de Muncipìos y Provincias.
PROGRAMA DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN MATERIA DE VIVIENDA ERC también ha planteado un programa de colaboración público-privada para la puesta a disposición de viviendas de grandes tenedores (más de 10 inmuebles), fondos de inversión, entidades de gestión de activos, fondos de capital riesgo o fondos de titulización de activos.
La cesión en calidad de arrendamiento tendrá un plazo mínimo de 15 años de las viviendas de titularidad de los grandes tenedores, a un precio inferior en un 20% que resulte del índice de referencia del precio de alquiler de vivienda a que se refiere o al autónomico que resulte de aplicación.
En el supuesto de inmuebles deteriorados o inacabados, la administración autonómica que asuma la ejecución del programa podrá asumir su rehabilitación o finalización de la construcción, acordando el programa en dicho caso la contraprestación mediante la ampliación del plazo de arrendamiento o en forma monetaria.
CONCESIONES HIDROGRÁFICAS PÚBLICAS Esquerra también propone una modificación de la Ley de Aguas estatal para permitir que las concesiones hidroeléctricas sean públicas. En concreto, plantea que las confederaciones hidrográficas puedan concesionar directamente, si así los consideran los propios municipios o entidades locales y autonómicas donde están establecidas territorialmente, aquellas concesiones de centrales hidroeléctricas que reviertan en función de los condicionantes recogidos en la ley.
ERC defiende que el agua, al tratarse de un bien público, su uso «debería estar al servicio de las personas y no al servicio de la cuenta de resultados las grandes eléctricas», sobre todo teniendo en cuenta el contexto actual de «insostenibles precios de la energía».
«Por ello, como ha venido reclamando en diversas ocasiones el grupo Parlamentario Republicano, la gestión de estas concesiones hidroeléctricas debería ser pública», argumenta la formación. Asimismo, ha recordado que recientes sentencias judiciales han dictaminado que las explotaciones hidráulicas para producción de energía eléctrica no pueden superar los 75 años. En este sentido, ha demandado que la concesión sea otorgada a la Generalitat una vez vencida.
