El presidente de Túnez, Kais Saied, ha afirmado que los detractores del país deben rendir cuentas al Estado y sus instituciones y que trabajar en el extranjero no les hace inmunes ante la Justicia tunecina.
Tras mantener una reunión en el Palacio de Cartago con la ministra de Justicia Leila Jaffal, el mandatario tunecino ha enfatizado que los ciudadanos tunecinos que residen en otros países «no deben quedar al margen de la persecución penal», según ha recogido un comunicado de la Presidencia de Túnez.
Para ello, Saied ha reafirmado su «firme determinación» de garantizar la independencia del poder judicial y de abrir «todos los expedientes sin excepción», refiriéndose a la multitud de procesos que sufren años de retraso y entre los que se encuentran casos donde desaparecen expedientes judiciales.
En este sentido, el jefe de Estado de Túnez ha hecho un llamamiento a la Fiscalía para que presente reclamaciones de oficio «cada vez que se entere de un acto que está criminalizado por la ley» y para la cual no necesite decisión alguna para hacer su parte.
El pasado 10 de agosto, el Tribunal Administrativo de Túnez restituyó en sus respectivos puestos a unos 50 jueces expulsados por un decreto del presidente, al que sus detractores acusaron de abusar de su autoridad para tratar de controlar a toda costa el sistema judicial.
El presidente acusó en junio a cerca de 60 jueces de estar implicados en casos de corrupción e incluso de dar protección a sospechosos de terrorismo, en el marco de las medidas adoptadas desde que en julio de 2021 disolvió el Gobierno y suspendió el Parlamento para arrogarse todas las competencias.
El mandatario tunecino, que previamente ya había sustituido el Consejo Judicial Supremo, ha prometido que en diciembre de este año se celebrarán elecciones, ya con la nueva Constitución avalada en julio en un referéndum marcado por la amplia abstención.
