El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha anunciado este viernes la composición de la delegación que viajará a Perú para revisar la situación democrática del país, entre los que se encuentran los titulares de Exteriores de cinco países latinoamericanos.
El presidente del Consejo Permanente de la OEA, Marten Schalkwijk, ha detallado que el grupo que analizará la situación política en Perú responde a las consultas realizadas del organismo con la Presidencia, según ha detallado en un comunicado.
La delegación estará compuesta por el ministro de Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero; el de Ecuador, Juan Carlos Holguín; el de Guatemala, Mario Búcaro; el de Belize, Eamon Courtenay; el de Paraguay, Julio César Arriola.
Además, estarán acompañados de la viceministra de Exteriores colombiana, Laura Gil; el viceministro de Exteriores costarriquense, Christian Guillermet y el representante de las Relaciones Exteriores de la OEA, Eladio Loizaga.
Con todo, la OEA ha explicado que las fechas del viaje y la agenda del grupo de alto nivel en su visita a Perú se definirán «próximamente», sin entrar en más detalles sobre la visita de dicha delegación.
El grupo de alto nivel responde a la petición a la OEA del presidente de Perú, Pedro Castillo, de activar la Carta Democrática Interamericana con el fin de llevar a cabo un análisis de la situación democrática del país.
El Ejecutivo peruano ha justificado la petición apelando a los artículos 17 y 19 de la Carta Democrática, que permiten a un Estado miembro de la OEA a pedir una revisión formal del organismo en caso de que «el Gobierno de un Estado considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder».
Esta petición por parte de Castillo se dio apenas una semana después de que la Fiscalía General del Estado presentase ante el Congreso una acusación constitucional contra el mandatario en la que se le acusaba de presunta corrupción.
Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con altos funcionarios, empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.
Ante estas acusaciones, el mandatario peruano ha asegurado que ciertas instituciones del país están llevando a cabo un «persecución política» y ha denunciado una «nueva modalidad de golpe de Estado», a la vez que ha calificado de «inconstitucional» la denuncia del Ministerio Público, pues como presidente de la República de Perú, solo puede ser juzgados en ciertos supuestos.
