El 74% de las empresas españolas desconoce los nuevos planes de pensiones de empleo impulsados por el Gobierno a través de la Ley 12/2022, aunque más de la mitad manifiesta que esta ley «contribuirá al desarrollo en España de la previsión social complementaria promovida por las empresas», según el VI estudio sobre la situación de las pensiones en España realizado por KPMG Abogados.
El 81% cree que los cambios fiscales introducidos en la reforma no supondrán un incentivo para el ahorro individual. El informe señala que no se han producido demasiados cambios: hasta el momento solo el convenio colectivo del sector de la construcción recoge la implantación de un plan de pensiones para las empresas del sector, mientras que el convenio de la industria química contiene el compromiso de presentar un informe que analice la viabilidad de la creación de un plan de pensiones antes de fin de año.
«La transparencia en la información sobre el impacto que las medidas incorporadas en la reforma de la Seguridad Social tendrán en las futuras pensiones de jubilación va a ser clave para conseguir el crecimiento de los planes de pensiones promovidos por las empresas como complemento necesario a la Seguridad Social», ha destacado el director responsable del área fiscal de Pensiones de KPMG Abogados, Álvaro Granado.
Granado ha añadido que «para que las empresas y los particulares puedan decidir sobre la puesta en marcha de un plan de pensiones privado sería aconsejable conocer el importe estimado de la pensión de jubilación de la Seguridad Social».
Actualmente, solo el 28% de las compañías cuenta con un plan de previsión para sus empleados. Los sectores con mayor protagonismo en el desarrollo de la previsión social complementaria son el financiero y el de la energía, y los que menos, el transporte y la logística e la industria.
No obstante, el 35% de las compañías tiene en su agenda a medio plazo la toma de medidas para planificar la jubilación de sus empleados y el 71% estaría dispuesto a realizar una aportación sobre el salario de sus empleados con el objetivo de destinarlo al ahorro para la jubilación de estos.
PREOCUPACIÓN POR LA JUBILACIÓN El 98% de los participantes en la encuesta manifiesta preocupación por su futura jubilación y el 65% declara un elevado grado de preocupación.
Por su parte, dos de cada tres empresas advierten de que sus empleados no disponen de información en relación con la futura pensión y la edad a la que éstos podrán jubilarse, circunstancia que dificulta la planificación individual y colectiva de la jubilación.
Granado ha señalado que «habrá que estar muy atentos para analizar si el incremento en costes que para las empresas supondrá en 2023 la puesta en marcha del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, junto con el fuerte incremento que también experimentarán las bases máximas de cotización, pudiera ocasionar que la recaudación no sea la esperada».
«El importante impacto que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional tendrá en los gastos de personal de las compañías, unido al contexto económico actual, podría provocar que se congelen las contrataciones o incluso que se reduzcan las plantillas, lo que se traduciría en menos ingresos por cotizaciones para la Seguridad Social», ha advertido.
