El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que «lo que hay que cambiar» para que se renueve el Consejo General del Poder Judicial son «las actitudes, no la ley», y ha acusado a «algunos actores políticos, particularmente el PP», de utilizar el proceso «para presionar en otros asuntos».
En una entrevista en la Cadena SER Bilbao, recogida por Europa Press, Estaban ha calificado de «sorprendente, lo que está sucediendo una y otra vez» con el CGPJ y el hecho de que «la renovación normal y periódica del organismo no se produzca».
Esto es consecuencia, a su juicio, de que «hay algunos actores políticos, y particularmente el PP, que lo que pretenden es utilizarlo para presionar en otros asuntos o usarlo como último recurso a la hora de influir en política», ha apuntado.
A su juicio, «lo ideal» es que existan mayorías «amplias, cualificadas» para designar a los vocales del Poder Judicial, porque «una mayoría absoluta, que en un momento determinado pudiera tener un partido, haría que se hiciera dueño y señor de los nombramientos, de las decisiones que se fueran a tomar a la hora de poner a determinadas personas en esos cargos».
«Eso no es bueno. Lo bueno sería mantener una mayoría cualificada. Ahora bien, lo que se está comprobando es que los propios partidos españoles no se creen su Constitución y lo que se produce es un bloqueo», ha afirmado. Por ello, considera que «lo que hay que cambiar son las actitudes, no tanto la ley».
LEY TRANS Preguntado por la postura del PSOE en la ‘Ley trans’ al introducir enmiendas como que los menores de hasta 16 años deban contar con un permiso judicial para oficializar en el registro el cambio de género, el diputado jeltzale ha afirmado que «lo que ha habido es un conflicto interno en el Partido Socialista terrible y unas tensiones que han movido los cimientos, incluso, dentro de la coalición de gobierno».
«Yo creo que es posible llegar a un acuerdo finalmente, con una mayoría amplia de los grupos, y creo que eso es lo que va a suceder en las próximas semanas», ha pronosticado.
Según Esteban, la postura del PNV «ya es conocida», por lo que defenderá «las posiciones» que la legislación vasca y las actuaciones que ha «ido llevando a cabo hasta ahora». «Pero vamos a ver qué es los que ocurre para conseguir unas mayorías que puedan conseguir sacar adelante la ley», ha insistido.
HIPOTECAS Preguntado por los problemas que puede generar en el pago de hipotecas la subida de los tipos de interés, ha señalado que «va a ser un problema» si la guerra en Ucrania y la situación de la economía mundial «continúan así» y ha recordado que hay «conversaciones» con la banca desde las instituciones para «intentar llegar a unos acuerdos, de manera que no nos vemos forzados a tener que intervenir legislativamente».
«Porque eso sí que sería bastante inhabitual y anormal, y sería intervenir el mercado», ha manifestado el portavoz del PNV, que ha abogado a esperar a «ver qué ocurre». «Desde luego es una de las preocupaciones principales de todos, pero tenemos que ver cómo evoluciona en el próximo mes, próximos dos meses, para, en su caso, decidir si hay que tomar o no medidas», ha apuntado.
Por otro lado, ha advertido de que la carestía de los precios está afectando a «todos los sectores». A su entender, en esta «crisis seria» de elevación de precios, «la clave es el factor energético» y, si se consigue controlar, «seguramente la situación en todos los sectores se va a aliviar».
Por tanto, ha precisado que, más allá de las ayudas «puntuales» que habrá que hacer, «se trata de un tema mucho más difícil de controlar, que es la crisis global energética». «Y ahí es donde tenemos que poner el acento porque es lo que va a afectar al descenso de los precios y, por tanto, de los costes de los productores en el sector primario y en otros», ha manifestado.
Finalmente, ha lamentado que no está «nada claro qué va a hacer el Gobierno el año que viene» con los descuentos en los transportes públicos y, por eso, el PNV ha introducido una enmienda en los presupuestos de 2023, para que «no quede sin ayudas públicas un dinero para las comunidades públicas que son las responsables de muchos de esos transportes públicos» porque, si no, habría «discriminación» para la ciudadanía
