La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de más de 20 años de prisión para los acusados y una multa de 3 millones de euros para el PdeCAT por la «estrategia para el financiamiento ilícito» que se habría realizado «sistemáticamente» a lo largo de los años en su predecesora política, la extinta Convergència Democrática de Cataluña (CDC), en el marco del conocido como ‘caso del 3%’.
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal José Grinda acusa a 30 personas físicas y a 14 personas jurídicas, además de a sendas formaciones políticas, solicitando una condena de 21 años y 4 meses de cárcel para el extesorero de CDC Andreu Viloca y de 18 años y 10 meses para el también responsable de las cuentas de la formación Germá Gordó, que fue asimismo conseller de Justicia del Govern.
El Ministerio Público detalla que en el período de 2008 a 2015 «altos cargos de CDC, en connivencia con cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y con los diferentes empresarios acusados, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político ilegalmente y en forma encubierta».
«Se trataba de una actuación sistemática de, por un lado, recepción de dinero de parte de empresarios, por otro lado, de transformación de ese dinero en ingresos para CDC, sin la mácula de su origen ilícito», explica el fiscal, que asegura que «los empresarios acusados se concertaron con los cargos de CDC para realizar pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de las fundaciones vinculadas al partido».
La Fiscalía entiende que los hechos descritos son constitutivos de delitos de organización criminal, de fraude a las administraciones públicas, de corrupción entre particulares, de tráfico de influencias, de cohecho, de prevaricación y de blanqueo de capitales.
En ese contexto, Anticorrupción detalla que Viloca «se ocupaba de hacer la triangulación con autoridades y con empresarios, y de los pagos a las fundaciones». «Siendo administrador y tesorero de CDC y de la fundación CatDem, llevaba un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas Administraciones bajo la esfera de poder de CDC», recoge el escrito.
En cuanto a Gordó, este habría sido «durante varios años el contacto de los contratistas con la Administración Pública catalana y CDC. «Dicho contacto, además de haberse realizado al margen de los cauces legales y de la función que le correspondía dentro del Gobierno catalán, fue dirigido al beneficio de dichos contratistas y al del partido político al que pertenecía, objetivos ambos opuestos al bien público», explica la Fiscalía.
