El Tribunal de Cuentas Europeo pide reforzar los sistemas de control para prevenir la importación de productos de la pesca ilegal y velar por que los estados miembro apliquen sanciones disuasorias contra esta actividad.
Katharina Bryan, jefa del gabinete de Eva Lindström –miembro del Tribunal de Cuentas Europeo–, ha sido la encargada de presentar este miércoles en Santiago un informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo, en concreto el elaborado bajo el título ‘Acción de la Unión Europea contra la pesca ilegal’.
Lo ha hecho en un acto solemne en el colegio de Fonseca que ha comenzado con un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género y ante la presencia del rector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), la conselleira do Mar y diputados, entre otras autoridades.
Esta auditora ha subrayado, a modo de conclusión, que «se han establecido sistemas de control, aunque su eficacia queda mermada por los desiguales controles y sanciones aplicados por los estados miembro».
Bryan ha sido precedida en el uso de la palabra por la presidenta del Tribunal de Cuentas español, Enriqueta Chicano, quien ha destacado la relevancia de este estudio en un momento de «incertidumbre» tras la pandemia y por la guerra de Ucrania y sus consecuencias. «No puede haber verde sin azul», ha evidenciado.
Por su parte, la auditora que ha expuesto el documento ha resaltado la «importancia de este tema» en una comunidad como Galicia en una intervención centrada en la «enorme presión que la pesca ejerce sobre la vida marina» y lo «fundamental» que ve Europa «gestionarla de manera sostenible».
«INJUSTO PARA LOS PESCADORES HONRADOS»
«La pesca ilegal socava todos los esfuerzos para regular las actividades pesqueras y constituye una grave amenaza», ha avisado, antes de calificarla además como algo «injusto para los pescadores honrados».
La primera recomendación del informe se refiere a «controlar que los estados miembro refuercen sus sistemas de control para prevenir la importación de productos de la pesca ilegal y adopten las medidas oportunas», aspecto en el que ha incidido más tarde la conselleira do Mar, en declaraciones a los periodistas.
La segunda plantea «velar por que los estados miembro apliquen sanciones disuasorias contra la pesca ilegal».
«Sabemos que hay sobrepesca. Hemos visto una mejora en el Atlántico pero hay una continuación de sobrepesca en el Mediterráneo», ha apuntado a continuación, al término de la presentación.
Por su parte, el conselleiro maior de Contas, José Antonio Redondo, ha empezado su discurso recordando a los marineros del Villa de Pitanxo fallecidos en aguas de Terranova, antes de remarcar que «la sobreexplotación continuada consigue con el transcurso del tiempo la desaparición del recurso». En todo caso, ha señalado a la «creciente implicación de la sociedad y de los profesionales» en Galicia sobre este ámbito.
«OTROS QUE PRESUMEN QUEDAN MAL»
Ya a preguntas de los medios de comunicación, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha valorado que España figura «siempre con una nota alta» en el control de la pesca ilegal, mientras que «otros países que presumen quedan mal» en este informe.
En lo que se refiere a Galicia, ha reivindicado que es la región que «mayor control ejerce sobre sus aguas» y «la única con un servicio de guardacostas propio».
También se ha quedado con la reflexión que hizo el profesor Gonzalo Rodríguez al término de la presentación de la auditora. «A veces nos perdemos en la comunicación (…) Relacionamos la pesca con actividad ilegal cuando no es así, estamos haciendo bien las cosas. Nos gustaría que el resto de países también se lean este informe y apliquemos todos las mismas medidas de control», ha llamado la atención Quintana, quien ha abogado por una unificación de las sanciones.
