El Ministerio del Interior ha defendido este miércoles que no hay «ninguna prueba» que sostenga que en la tragedia junto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio se registraron fallecidos en territorio nacional, reiterando que la actuación policial fue «proporcional y ajustada a la legalidad».
La BBC publicó este martes una investigación sobre la tragedia de Nador, junto a la frontera con Melilla, en la que sostenía que la policía marroquí trasladó cadáveres desde territorio español. Además, acusaba al Ministerio del Interior de ocultar imágenes de las cámaras de vigilancia.
En la sesión de control en el Congreso de este miércoles, la portavoz del PP en materia de Interior, Ana Vázquez, le ha preguntado a Grande-Marlaska por el documental de la BBC que cuestiona la versión oficial de las muertes de migrantes en Melilla, reprochándole que mintiera en la Cámara Baja cuando dio explicaciones sobre este incidente.
«Es cuando menos decepcionante y sorprendente que se hagan acusaciones de gran gravedad sin el sustento de ninguna prueba. Absolutamente nadie, ni la Guardia Civil, ni la Gendarmería, ni la Fiscalía General del Estado, ni El Defensor del Pueblo ni las autoridades marroquíes sostienen que las muertes tuvieron lugar en territorio nacional», ha apuntado Interior.
Fuentes de este Ministerio han vuelto a reiterar «su más firme respaldo» a la actuación de la Guardia Civil, al tiempo que han reafirmado que actúo de forma «proporcional, ajustada a la legalidad y firme ante un intento de asalto violento a nuestra integridad territorial».
«Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado seguirán defendiendo nuestras fronteras con la misma profesionalidad, ejemplaridad y sujeción a la legalidad», han añadido las citadas fuentes del Ministerio del Interior.
El pasado 14 de octubre, el Ministerio del Interior respondió al Defensor del Pueblo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron «dentro de las más estricta legalidad» cuando procedió al rechazo en frontera de migrantes en la tragedia de Melilla.
La Oficina que dirige Ángel Gabilondo señaló que «no consta que en el rechazo en frontera de 470 personas en Melilla se tuvieran en cuenta garantías legales nacionales e internacionales». Fuentes de la Guardia Civil rebajaron esta cifra a 101 expulsiones.
