El Canciller de Justicia de Finlandia, que examina supuestas prácticas ilegales de los miembros del Gobierno, ha descartado que las fiestas privadas celebradas por la primera ministra, Sanna Marin, supusiesen irregularidad alguna y ha dejado en manos del Parlamento analizar cualquier posible derivada moral de dichas celebraciones.
La difusión de unos vídeos en agosto llevó a Marin a salir el paso de las dudas sobre su conducta. La primera ministra, de 36 años, defendió su derecho a divertirse en el ámbito privado e incluso se sometió a un test de drogas para demostrar que no había consumido ninguna sustancia ilegal.
El Canciller de Justicia ha explicado en su informe final que se trataba de acciones realizadas por Marin en su tiempo libre y que ninguna de las denuncias presentadas vinculaba «específicamente» las fiestas como una posible omisión de deberes oficiales propios del cargo de primera ministra.
Así, «no tiene motivos para sospechar que la primera ministra haya cometido una acción ilegal (…) o haya dejado de cumplir con su deber», resaltando que las pesquisas se han centrado en examinar la derivada política y no moral del caso. El Canciller ha recordado que, en un sistema parlamentario como el de Finlandia, esta segunda variable compete al poder legislativo.
