El juez de la Audiencia Nacional que investiga la denominada ‘Operación Titella’ ha rechazado la petición del productor televisivo José Luis Moreno de realizar un careo con los bancos perjudicados por la supuesta trama al considerar que carece de «idoneidad y utilidad» para la causa.
En un auto, firmado ayer jueves y al que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha explicado que la celebración del careo entre los representantes de las entidades bancarias que figuran como perjudicadas en el procedimiento no resulta pertinente para la investigación de la posible comisión de delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación documental y blanqueo de capitales, entre otros, por parte de Moreno y el resto de investigados.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, ha recordado que no tiene obligación de practicar todas las diligencias que pidan las partes. Y ha incidido en que, a su juicio, el careo solicitado por Moreno no es esencial para el procedimiento.
Así las cosas, el magistrado ha subrayado que desde que empezó a investigar la ‘Operación Titella’ se han practicado «diligencias de investigación de diversa índole para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y dilucidar las supuestas responsabilidades que pudieran desprenderse de la presente instrucción».
El juez ha asegurado que Moreno no ha señalado «los motivos concretos» por los que estima necesario hacer el careo ni cómo dicha diligencia podría ayudar al «esclarecimiento de los hechos». Por ello, y siguiendo el criterio de la Fiscalía, ha rechazado la petición.
EL ORIGEN DE TITELLA Las indagaciones en torno a Titella comenzaron en 2018 y la operación eclosionó el pasado mes de junio con la detención del ventrílocuo y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario.
Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al «fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados», «a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés» y al «blanqueo de capitales»; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los «máximos responsables» y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos».
Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», por lo que se ocuparían de crear las sociedades, «maquillarlas», poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.
Mediante esta red de «empresas pantalla» administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían «grandes cantidades de dinero en efectivo» a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introducir este dinero en el circuito legal.
El productor de televisión José Luis Moreno ha negado en reiteradas ocasiones cualquier ilegalidad en relación con la presunta macroestafa que se investiga en la ‘Operación Titella’, asegurando que no es «capo» de nada, sino un empresario con una larga trayectoria.
