La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la causa en la que el Juzgado de Instrucción 21 de la ciudad investigaba a la alcaldesa, Ada Colau, por presuntas irregularidades en subvenciones del Ayuntamiento a entidades sociales.
En un auto consultado por Europa Press este viernes, los magistrados estiman el recurso de la Asociación para la transparencia y la calidad democrática, que impulsó la causa y pidió reabrirla cuando se archivó.
En julio, el juez instructor archivó la investigación al concluir que los hechos de la querella por presunta malversación, prevaricación, fraude, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias que originó el caso no suponían ninguna infracción penal.
El auto conocido este viernes implica que el juez instructor deberá retomar la investigación en el punto donde la dejó y practicar diligencias que reclamaron los denunciantes.
Los magistrados advierten de que solo consideran «inicial y provisoriamente como posiblemente constitutivos de infracción penal el otorgamiento por parte del Ayuntamiento de Barcelona de una serie de subvenciones por el procedimiento de concesión directa» entre 2016 y 2020, al Observatori del Drets Econòmics Socials i Culturals (Desc), a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), a la Aliança Contra la Pobresa Energètica (Ape) y a Enginyeria Sense Fronteres».
Señalan que antes de ser alcaldesa, Colau tuvo «una vinculación o relación estrecha» con estas entidades, como contó ella misma al declarar como investigada en la causa, y añadió que no tenía interés en la concesión de estas subvenciones.
Por su parte, la Fiscalía había pedido ya en mayo archivar provisionalmente la causa e instó a «desterrar la tentación de atribuir posibles responsabilidades penales a la investigada sobre el endeble argumento de ser la máxima responsable del Ayuntamiento», y también se opuso al recurso que pedía reabrir el caso ahora.
ARGUMENTOS PARA REABRIR EL CASO Al recurrir el archivo de la causa, la entidad denunciante criticó que el juez archivó la investigación argumentando de forma genérica la ausencia de delito, basándose sobre todo en la prevaricación porque lo consideraba la acusación central, pero sin concretar sobre los distintos que se habían denunciado porque descartó.
Ahora la Audiencia de Barcelona discrepa de que la instrucción «gire fundamentalmente» entorno a la prevaricación y no cree que su ausencia haga caer el resto de la causa.
También discrepan de las conclusiones que extrajo el instructor tras interrogar a la interventora delegada del Ayuntamiento: ella declaró que detectó irregularidades que no constituían un delito, peor los magistrados dicen al instructor que discernirlo «corresponde a los jueces y tribunales del orden penal».
Además, los magistrados consideran que con los indicios recavados hasta ahora no se puede descartar que hechos supongan un presunto delito de prevaricación que involucre a Colau y tal vez a más personas.
