La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez del ‘caso Caranjuez’, que investiga una presunta red de policías y abogados que habría ofrecido servicios a excargos del Gobierno de Venezuela a cambio de dinero e información de Podemos, que cite a declarar a cinco nuevos testigos: incluidos la extesorera de Venezuela y enfermera de Hugo Chávez, Claudia Guillén, y un militar que estuvo designado a la casa presidencial venezolana, Adrián Velásquez.
La petición de los fiscales tiene lugar después de que se celebraran los primeros interrogatorios en el procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid por presuntos delitos de estafa y extorsión. El pasado 30 de septiembre comparecieron los presuntos perjudicados de la red policial investigada; el 6 de octubre, declararon una decena de imputados, entre abogados, agentes nacionales y municipales.
Ahora, según consta en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, los representantes de la Fiscalía Anticorrupción quieren escuchar a otras cinco personas en calidad de testigos. En la lista figura el exviceministro de Energía Eléctrica de Venezuela Nervis Villalobos, quien habría resultado perjudicado por la supuesta red de extorsión.
Constan también el exjefe de Seguridad de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) Rafael Reiter y el financiero portugués Hugo André Ramalho Gois, además de la extesorera de Venezuela y enfermera de Hugo Chávez, Claudia Guillén, y un militar que estuvo designado a la casa presidencial venezolana, Adrián Velásquez.
La petición de estas testificales se enmarca en el procedimiento en el que –según los informes policiales a los que tuvo acceso esta agencia– una presunta red de abogados y policías se habría aproximado a varios venezolanos que estaban presuntamente relacionados con actividades de blanqueo «con el fin de solicitarles dinero a cambio de hacer valer la supuesta capacidad de influencia ante organismos públicos» para «solucionar los problemas» que tendrían por estar investigados.
Además de pedirles dinero a cambio de dichas «influencias», los miembros de la red también habrían estado «interesados» en que se les proporcionase «información sobre el partido político Podemos y sus posibles vínculos con Venezuela, entre otras informaciones», según un informe de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción redactado en 2020.
Dicho informe, además, sostiene que la red que se investiga ahora en los Juzgados de Plaza de Castilla está conformada principalmente por policías nacionales y locales, abogados y un exmilitar; y habría recibido «millones de euros procedentes de ciudadanos venezolanos relacionados con actividades delictivas».
El pasado 6 de octubre, sin embargo, los presuntos miembros de la red negaron haber ofrecido a excargos del Gobierno de Venezuela servicios e «influencias» en la Administración a cambio de dinero e información de Podemos; negaron también haber pedido o cobrado dinero de los presuntos perjudicados o haberles amenazado.
EL «SUJETO CENTRAL DE LA TRAMA»
En el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, los fiscales también han solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid que dicte el ingreso en prisión de tres investigados que fueron citados a comparecer el pasado 6 de octubre y que no se presentaron en sede judicial. Se refiere, en concreto, a Martín Rodil, Ralph Steinmann y José Vicente Amparan.
Han pedido, además, que se acuerde la emisión de órdenes internacionales de detención y entrega respecto a todos ellos como presuntos partícipes en delitos de organización criminal, de extorsión, de estafa, de cohecho, de tráfico de influencias, de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y de blanqueo de capitales.
Anticorrupción ha asegurado que Martín Rodil es «el sujeto central de la trama». Le ha definido como «un lobista de origen venezolano, presumiblemente afincado en Estados Unidos, que desarrolla funciones como analista de seguridad».
Según ha relatado, tiene varios «contactos» con diversos Cuerpos de Seguridad de España y de Estados Unidos que hace valer con «sujetos de altas esferas» de Venezuela para que «colaboren» con las autoridades españoles y estadounidenses «a cambio de protección o condiciones privilegiadas». «Todo ello a cambio de las correspondientes comisiones», han señalado los fiscales.
Desde el Ministerio Público han sostenido que Rodil participó en «diversas reuniones» con ciudadanos venezolanos investigados en el ‘caso Caranjuez’ y que, además, es el «último beneficiario de sociedades receptoras de pagos realizados por la organización criminal».
Sobre Ralph Steinmann y José Vicente Amparan, los fiscales han indicado que «aparecen vinculados» a una sociedad que está bajo sospecha y que habrían sido «destinatarios» de parte del dinero que se investiga.
La juez deberá resolver si acepta o no realizar todas las diligencias reclamadas por la Fiscalía. Hasta ahora, está pendiente que resuelva también sobre la petición de uno de los supuestos perjudicados que ya declaró en sede judicial: el exviceministro de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa, que solicitó citar –como testigo o como investigado– al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino.
