El juez de la Audiencia Nacional (AN) ha citado para el próximo 10 de noviembre en calidad de testigos a los dos ténicos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que deben elaborar el único informe pendiente sobre las presuntas adjudicaciones irregulares a supuestos donantes de la ‘caja b’ del Partido Popular para que expliquen a qué se debe el retraso.
Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha tomado esta decisión después de dar varios avisos a la IGAE para que enviara este último informe, donde se espera que haga un análisis global de todos los contratos otorgados a las empresas que habrían nutrido con sus donaciones la ‘caja b’ a cambio de recibir contratos públicos.
En los remitidos hasta ahora, la IGAE ha ido plasmando irregularidades. Así, en uno fechado el 16 de diciembre de 2021, ponía de relieve «muy notables desviaciones» en un contrato adjudicado en 2003 por el Ministerio de Medio Ambiente a la Constructora Hispánica SA, empresa investigada en la trama ‘Gürtel’.
Una vez enviado, será el turno de la Fiscalía Anticorrupción. Tras ello, Pedraz, ya con toda la información sobre la mesa, deberá decidir si hay indicios suficientes para procesar a los investigados por esta causa, cuyas pesquisas terminaron el 29 de julio de 2021.
‘COMISIONES FINALISTAS’ El caso, conocido como el de las ‘comisiones finalistas’, lo inició el juez Pablo Ruz en 2013, pero lo cerró dos años después al no ver más indicios delictivos que los del pago de la reforma de la sede ‘popular’ de Génova con esos fondos extracontables. Sin embargo, lo revelado por el líder de la ‘Gürtel’, Francisco Correa, durante el juicio por la primera época de la trama corrupta permitió reactivarla.
El ex tesorero del PP Luis Bárcenas, que hasta entonces lo había negado, confesó en un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción que algunas de las donaciones realizadas buscaban adjudicaciones. En su declaración del 16 de julio de 2021 ante Pedraz, implicó directamente a todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente del PP al afirmar que trataban con los empresarios que contribuían a esa supuesta contabilidad oficiosa.
En concreto, relató un episodio que le habría transmitido en su día su antecesor en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta. De acuerdo con Bárcenas, Lapuerta acudió al director general de Carreteras del Estado y el entonces ministro, Francisco Álvarez Cascos, le abroncó indicándole que debía dirigirse siempre a él para esos asuntos.
