La conocida como ley de ‘paz total’, recientemente ratificada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para iniciar acuerdos de negociación con algunos grupos armados es considerada por varios generales retirados del Ejército como un recurso más para la «impunidad», en contraste El sargento mayor Luis Orlando Lenis, quien ejerce como presidente de una fundación militar, sostiene que «la ‘paz total’ es simplemente un recurso más de impunidad» ya que con ella estaría abierta la posibilidad de que guerrilleros como Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Marquez’, puedan ser perdonados.
«Todos aquellos que han delinquido en este país tienen posibilidad de acceder y quedar libres», ha insistido Lenis, consultado por la emisora RCN. «La ‘paz total’ sin justicia jamás se va a poder lograr (…) qué es lo que queremos, seguir perdonando delincuentes (…) o mirar hacia el futuro con dignidad», ha preguntado.
En la línea del sargento Lenis se ha pronunciado el soldado retirado Carlos Julio Rodríguez, quien ha asegurado ser parte de ese colectivo militar al cual preocupa que esta nueva Ley 418 –su nombre original– promovida por el nuevo Gobierno sirva para violar los derechos de las víctimas «como sucedió», ha opinado, con los acuerdos de paz de 2016 con la guerrilla desaparecida de las FARC.
«Todos los procesos de paz son bienvenidos siempre y cuando se hagan con las dos partes», ha dicho Rodríguez, quien ha asegurado que estos procesos de paz están repletos de «corrupción». Así, ha señalado también que ‘Iván Márquez’ y «las mal llamadas disidencias de las FARC» no deberían formar parte de estos acuerdos porque ya hicieron parte de un proceso de paz al que luego renunciaron.
A pesar de estas afirmaciones, el Gobierno colombiano ha aclarado en varias ocasiones que estas eventuales negociaciones están dirigidos para grupos armados de carácter político, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), no así para las disidencias de las FARC de las que forma parte el mencionado ‘Iván Marquez’.
En el caso de las disidencias de las FARC y otros grupos armados como los escuadrones paramilitares, el Gobierno sostiene que a pesar de que no se cierra a posibles acercamientos, deberán acogerse a la justicia ordinaria.
