El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, que busca «combatir» las puertas giratorias y regular los conocidos como ‘lobbies’.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha desgranado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros este nuevo anteproyecto, con el que se impedirá a un alto cargo realizar actividades en ‘lobbies’ relacionados con sus competencias hasta dos años después de cesar en el puesto.
«Con esta nueva normativa España cubre una carencia que tenía nuestro ordenamiento a la hora de transparentar las actividades legítimas de estos grupos de interés», ha defendido la titular de Hacienda.
LOS ‘LOBBIES’ DEBERÁN REGISTRARSE Y COMUNICAR SUS REUNIONES Según ha detallado Montero, los conocidos como ‘lobbies’ estarán obligados a formar parte de un registro oficial, que estará disponible en el Portal de Transparencia y en el sitio web de la Oficina de Conflicto de Interés.
En dicho registro, se deberá incluir datos relevantes sobre los grupos, como el domicilio fiscal, las sedes o sus ámbitos de interés, y se deberán recoger las reuniones que se mantienen con el personal público de la Administración General del Estado. «Hablamos de altos cargos o de los funcionarios que participan en el proceso de elaboración de una norma», ha aclarado la ministra.
SANCIONES POR LOS INCUMPLIMIENTO La «estricta» norma, según la ha definido Montero, fija que los grupos que no estén inscritos en el Registro no podrán contactar con el personal público para ejercer estas actividades de influencia, mientras que los que sí figuren en esa lista deberán cumplir con un código de conducta en el que, por ejemplo, se prohíba ofrecer regalos o favores a los responsables públicos.
Se incorpora, así, un régimen sancionador para los ‘lobbies’ en caso de infracciones que puede suponer la expulsión del registro de grupos de interés por un período de hasta tres años y, por tanto, se impediría la posibilidad de que concurran en la elaboración de normas o de poder influir en su desarrollo.
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