Berkeley Energia ha nombrado un Comité Asesor para el directorio de su filial española, que es propietaria del proyecto de la mina de uranio en Salamanca, que actualmente está en situación de ‘vía muerta’ por la denegación de la autorización por el Gobierno, que estará compuesto por Rafael Miranda, Jaime García-Legaz y Miguel Riaño, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De esta manera, la compañía ‘ficha’ a personas vinculadas al mundo empresarial y político con gran experiencia y prestigio para defender su posición en el país.
Berkeley Energia indicó que este Comité Asesor «fortalecerá sustancialmente» su posición en España, «con la experiencia corporativa, comercial y operativa colectiva de los miembros del comité, además de amplias redes comerciales y gubernamentales, que ayudarán en gran medida a la compañía a medida que continúa enfocándose en resolver la situación actual de permisos. y, en última instancia, hacer avanzar el proyecto Salamanca hacia la producción».
Miranda fue consejero delegado de Endesa y ha sido hasta hace poco presidente de Acerinox. Además, sigue siendo miembro del consejo de administración de Brookfield Asset Management, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, así como miembro del consejo de administración de otras empresas e instituciones españolas. También es presidente de honor de Eurelectric, la Asociación Europea de Electricidad, y de la APD (Asociación Española de Directivos).
Por su parte, Jaime García-Legaz ha sido presidente y consejero delegado de AENA. También fue secretario de Comercio y Comercio del Gobierno de 2011 a 2016 y representó a España en el Consejo de Ministros de Comercio de la UE y el Consejo de Ministros del G20.
Mientras, Miguel Riaño es socio director de Herbert Smith Freehills en España, firma especializada en materias de energía, infraestructuras, recursos naturales, medioambiente y derecho público.
A finales de 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico rechazó la Autorización de Construcción de la planta de concentrado de uranio como instalación radiactiva en el proyecto Salamanca.
Berkeley ha defendido que el Gobierno rechazó la solicitud de NSC II de la sociedad «sin seguir un procedimiento legalmente establecido» y ha considerado que el Ministerio infringió la normativa sobre procedimientos administrativos en España, así como su derecho de defensa de Berkeley, «lo que implicaría que la decisión sobre el rechazo de la solicitud NSC II de la compañía no es legal».
