El PSOE ha propuesto en el Congreso una modificación de la ley que regula la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para abrir la puerta a que las disposiciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que ahora tienen que recurrirse ante los juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo, puedan ser objeto de recurso directamente ante la sala correspondiente de la Audiencia Nacional.
Así lo plantea el PSOE en una de las enmiendas que ha presentado al proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción por la que se transpone la Directiva europea sobre la protección de los informantes sobre infracciones del Derecho de la Unión (APL).
En su enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas apuestan por modificar la disposición adicional cuarta de la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 1998, que determina los órganos cuyas disposiciones pueden ser objeto de recurso ante la Audiencia Nacional.
Según la norma vigente, se trata de los actos y disposiciones dictados por la Agencia Española de Protección de Datos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Consejo Económico y Social, el Instituto Cervantes, el Consejo de Seguridad Nuclear, el Consejo de Universidades y la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual.
COMO LAS DEMÁS AUTORIDADES INDEPENDIENTES Ahora los socialistas sugieren que también pueden recurrirse directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional las disposiciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un órgano que se va crear con la transposición de la directiva europea de protección a los informadores que se tramita en el Congreso.
El PSOE justifica su enmienda alegando que actualmente las resoluciones del presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, relativas a las reclamaciones presentadas por ciudadanos que ejercer su derecho a la obtención de información pública, son las únicas dictadas por el órgano superior de una autoridad administrativa independiente que se recurren ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso administrativo.
SEGURIDAD JURÍDICA Y AHORRO DE RECURSOS PÚBLICOS Según explica el partido mayoritario, esta anomalía tiene su origen en una la «incongruencia omisiva» en la que se incurrió en la elaboración y aprobación de la Ley de Transparencia y «da lugar a que, en la práctica, casi siempre se recorran dos instancias y, con frecuencia, una posterior ante el Tribunal Supremo, que está admitiendo muchos recursos de casación en este ámbito para fijar doctrina».
Todo ello, apunta el PSOE, «comporta un elevado consumo de recursos públicos» si se tiene en cuenta, además, que existen 12 órganos en la primera instancia y es frecuente que se produzca una disparidad de criterios entre ellos, «con la inseguridad jurídica que ello genera hasta que recaiga un pronunciamiento firme de la instancia superior».
