El Gobierno ha defendido la ayuda de 30 millones que se ha concedido a Marruecos por su «eficacia» para financiar despliegues operativos dentro de la colaboración hispano-marroquí, ya que se ha conseguido reducir casi un 20% los flujos migratorios. También subraya la necesidad de «responder conjuntamente a riesgos y desafíos comunes que vulneran un amplio abanico de Derechos Humanos (DDHH)».
En una respuesta parlamentaria fechada el 7 de noviembre, consultada por Europa Press, el Ejecutivo contesta al diputado Pablo Cambronero que este tipo de «ayuda» tiene por objetivo financiar estos «despliegues operativos en la lucha contra el tráfico de personas y la gestión de los flujos migratorios que tiene como destino las costas españolas».
También apunta a la necesidad de cubrir los «gastos de mantenimiento de los materiales empleados y de los servicios policiales marroquíes en el desarrollo de las actuaciones de colaboración con España».
«La concesión de estas ayudas corroboran la eficacia de las acciones de cooperación policial internacional para hacer frente a las llegadas irregulares, ya que ese flujo migratorio se ha reducido en casi un 20 por ciento», apunta el Gobierno.
FINANCIACIÓN «SIN RUBORIZARSE»
Pablo Cambronero, diputado del Grupo Mixto del Congreso tras su salida de Ciudadanos, critica que el Gobierno admita «sin ruborizarse que financia los gastos de personal y mantenimiento de la Policía Marroquí».
«Marlaska destina poco más de 12 millones de euros a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinadas en el Campo de Gibraltar y 30 millones (más vehículos y otras ayudas) a Marruecos», ha denunciado en su cuenta de Twitter.
Como en anteriores ocasiones, el Gobierno de Pedro Sánchez recuerda que las redes criminales «diversifican su actividad» más allá de la inmigración irregular, en referencia a la trata de seres humanos y el tráfico de drogas o de armas.
«La diversidad de actividades cometidas por estas redes organizadas requiere a la autoridades españolas y marroquíes ir desarrollando su cooperación a fin de responder conjuntamente a riesgos y desafíos comunes que vulneran un amplio abanico de Derechos Humanos», concluye.
