El PSOE y Unidas Podemos han propuesto incluir un impuesto «temporal» a las grandes fortunas en la proposición de ley de los gravámenes a energéticas y entidades financieras, que actuará como complemento al impuesto sobre el patrimonio. En su lista de enmiendas conjuntas, el Ejecutivo determina que la prestación del gravamen a bancos se exija también a las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras sujetas al control del Banco Central Europeo (BCE).
Según explican los grupos parlamentarios en la lista de enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, el impuesto de grandes fortunas complementará al de patrimonio con el objetivo de que aquellos patrimonios que superen los 3 millones de euros no sean objeto de cesión por parte de las comunidades autónomas.
Pese a quienes exigen que sea un impuesto permanente, las enmiendas de PSOE y Podemos remarcan que su ámbito será temporal, con una vigencia de dos años, de manera que resulte aplicable en los dos primeros ejercicios en que, a partir de su entrada en vigor, se devenga dicho impuesto. Eso sí, se introduce una cláusula de revisión, para efectuar una evaluación de sus resultados al final de su vigencia y valorar su mantenimiento o supresión.
Por otra parte, también se habilita la potestad de gravamen sobre las participaciones accionariales en entidades no residentes con activos inmobiliarios subyacentes radicados en España. A juicio de PSOE y Podemos, esto corrige una «discriminación injustificada» respecto del residente, ya que el no residente elude el gravamen por el hecho de interponer una persona jurídica no residente.
LO QUE SE RECAUDE, PARA AYUDAR A LOS MÁS VULNERABLES A su vez, el Gobierno ha aclarado que los fondos recaudados mediante el gravamen a empresas energéticas irá destinado a medidas de apoyo financiero a los clientes finales de energía, especialmente a los hogares vulnerables, para mitigar los efectos de los elevados precios de la energía.
Estos recursos también se destinarán a medidas de apoyo financiero para contribuir a la reducción del consumo de energía, mediante subastas o sistemas de licitación de reducción de la demanda, u otras medidas para ayudar a las empresas de sectores de gran consumo energético. También se destinarán a la autonomía energética y a la financiación de medidas para reducir los efectos perjudiciales de la crisis energética.
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