El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves las nuevas reglas comunes para actuar contra inversores extranjeros que distorsionen el Mercado Interior con subsidios a compañías terceras que operen en el espacio económico europeo, una medida pensada sobre todo para frenar la entrada de China en sectores estratégicos en la UE.
Con la nueva norma, respaldada por 598 votos a favor, cinco en contra y nueve abstenciones, la Comisión Europea tendrá el poder de iniciar investigaciones sobre subvenciones concedidas por autoridades públicas extracomunitarias a empresas activas en la UE.
Bruselas podrá aplicar medidas para abordar este problema y evitar que las empresas beneficiarias, por ejemplo, de préstamos a interés cero, financiación por debajo de coste, trato fiscal preferente o subvenciones estatales directas superen a sus competidores europeos en procesos de fusión, adquisición o contratación pública.
El nuevo reglamento, que está aún pendiente de la ratificación por el Consejo este mismo mes para su entrada en vigor antes de que acabe el año, servirá para cubrir una «laguna normativa histórica», en opinión de la Eurocámara, ya que hasta ahora las subvenciones de países terceros no se podían someter al mismo estricto control que se aplica a las ayudas Estatales en los Estados miembro.
En concreto, con los cambios validados por el pleno de la Eurocámara reunido en Estrasburgo (Francia) obligarán a las empresas a informar a la Comisión sobre las fusiones y adquisiciones previstas si una de las partes implicadas tiene un volumen de negocios en la UE de al menos 500 millones de euros y existe una contribución financiera extranjera de al menos 50 millones. Los servicios comunitarios también investigarán las licitaciones públicas si el valor del contrato es de al menos 250 millones de euros.
En las negociaciones de la norma, los eurodiputados introdujeron una aclaración para mencionar explícitamente a las empresas estatales, en el marco de aplicación del reglamento ya que a menudo reciben subvenciones.
También han acortado el período del que dispone la Comisión para las investigaciones sobre contratación pública y se aseguraron de que haya canales especiales para que los Estados miembros, las empresas y otras partes interesadas informen a la Comisión sobre las subvenciones potencialmente distorsionadoras.
