La Audiencia Nacional (AN) arranca este jueves el juicio de la pieza del ‘caso Púnica’ relativa a León y por la que sienta en el banquillo de los acusados al supuesto ‘conseguidor’ de la trama, el empresario Alejandro de Pedro, así como a dos excargos del Partido Popular en esa provincia, el expresidente de la Diputación Martín Marcos Martínez y el exjefe de gabinete Pedro Vicente Sánchez.
Se enfrentan a penas de entre 8 y 5 años y medio de prisión por los trabajos de reputación ‘online’ y asesoramiento de Martín Marcos, y por la adjudicación de contratos para la estación de esquí de San Isidro.
Por estos hechos también se acusa al exinterventor de la Diputación Manuel Jesús López Sánchez; al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa y a una empleada de De Pedro, Guadalupe Caballero, además de a las empresas que desarrollaron los trabajos, Eico Online y Madiva Editorial, que habrían recibido unos 90.000 euros de fondos públicos de forma irregular.
En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía reclama para Martín Marcos, expresidente de la Diputación y actual alcalde del municipio de Cuadros como independiente, la pena más alta, de 8 años de prisión, por los delitos de malversación de fondos públicos en concurso con falsedad, fraude y tráfico de influencias.
Por su parte, para Manuel Jesús López y Pedro Vicente Sánchez, que fue coordinador del gabinete de prensa de la Diputación y ahora es alcalde de Puebla de Lillo con un partido independiente, solicita 7 años, uno menos que a Martín Marcos, al no ser acusados de tráfico de influencias.
El Ministerio Público pide para De Pedro y Alonso Conesa 5 años y medio de prisión por malversación de fondos públicos en concurso con falsedad y fraude, mientras que para Guadalupe Caballero deja su petición en 3 años y cinco meses de cárcel por malversación de fondos públicos en concurso con falsedad.
En cuanto a las empresas de De Pedro, la Fiscalía interesa una multa del doble del beneficio obtenido. Además, solicita que entre los seis acusados indemnicen con 171.000 euros a la Diputación.
De Pedro y Alonso Conesa trabajaban desde 2010 para diferentes administraciones públicas y controlaban juntos un grupo de empresas con las que se presentaban a contratos públicos, «muchos de ellos con objetos simulados», según el relato del Ministerio Fiscal.
NEUTRALIZAR NOTICIAS NEGATIVAS «El objetivo de todo ello era producir campañas de imagen personales que construyeran una reputación positiva en Internet, vinculada a los nombres del político, que neutralizara las noticias negativas o mejorara su perfil público», señala en el escrito.
Para alcanzar este objetivo empleaban decenas de periódicos digitales –muchos de ellos «zombies», sin actualizar– que hacían de «motores de réplica», «sin ningún interés periodístico», de las noticias positivas.
En 2012, De Pedro y Alonso Conesa captaron como clienta a la entonces presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, con la que acordaron trabajos para «limpiar y cuidar» su reputación en redes sociales, que se prolongaron y en los que participaron después los acusados.
Después de la muerte de Carrasco, que fue asesinada en 2014, los servicios de reputación continuaron con Martín Marcos como presidente en funciones de la Diputación y se habrían pagado de manera «subrepticia» a través de la simulación de contratación de publicidad institucional.
Martín Marcos tenía «interés por darse a conocer ante los ciudadanos de León, construirse una identidad positiva en las redes sociales y recibir asesoramiento para su promoción política», lo que «fue aprovechado» por De Pedro y Alonso Conesa para concretar con él un nuevo plan.
LIDERAR EL PP DE LEÓN El acuerdo, según la Fiscalía, incluía que De Pedro y Alonso Conesa emplearan sus influencias políticas para apoyar las aspiraciones de Martín Marcos a liderar el PP de León y su candidatura a la Presidencia de la Diputación en los siguientes comicios.
Como tareas de asesoramiento se acordó, apunta el escrito, la redacción de sus discursos, el seguimiento de sus intervenciones en el partido y la preparación de su agenda política con autoridades autonómicas.
Y en cuanto a la adjudicación de contratos para la explotación de la estación de esquí, la Fiscalía sostiene que el expresidente de la Diputación y el interventor Manuel Jesús López tenían «intereses directos» en la zona para beneficiar a las empresas de De Pedro.
Asimismo, considera que Martín Marcos ejerció «presión» sobre empleados públicos de la Diputación para encontrar una forma de poder llevar a cabo sus propósitos en esas instalaciones.
