El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves la nueva Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad -con 525 votos a favor, 60 en contra y 28 abstenciones-, que mejorará la rendición de cuentas de unas 50.000 empresas ante el público, al obligarlas a informar regularmente sobre el efecto de su actividad en las personas y el medio ambiente.
Esta medida pretende acabar con el lavado de imagen verde que hacen algunas compañías –conocido como ‘greenwashing’ o ‘ecoblanqueo’– y reforzar la economía social de mercado en la UE en lo que supone un avance hacia el establecimiento de estándares sobre sostenibilidad a nivel global.
El Consejo tiene previsto adoptar el texto el 28 de noviembre y después se publicará en el Diario Oficial para entrar en vigor veinte días después. Sin embargo, las nuevas normas comenzarán a aplicarse entre 2024 y 2028, empezando por las grandes empresas de interés público ya sujetas a la directiva sobre información no financiera.
«Europa está mostrando al mundo que sí es posible garantizar que las finanzas, en el sentido estricto de la palabra, no gobiernen toda la economía mundial», ha destacado el ponente del informe, el liberal Pascal Durand, durante la sesión plenaria.
Los nuevos requisitos de información sobre sostenibilidad de la UE se aplicarán a todas las grandes empresas, coticen o no en los mercados de valores, así como a as empresas no comunitarias con actividad sustancial en la UE, que cuentan con un volumen de negocios superior a 150 millones de euros. Las pymes que cotizan en bolsa también estarán cubiertas, pero tendrán más tiempo para adaptarse a las nuevas normas.
De este modo, para cerca de 50.000 empresas de la UE, la recopilación y el intercambio de información sobre sostenibilidad se convertirá en la norma, frente a las cerca de 11.700 empresas cubiertas por las normas actuales.
La nueva legislación trata de cubrir lagunas en la normativa vigente sobre información no financiera, considerada insuficiente y poco fiable y, para ello, introduce obligaciones más detalladas sobre el impacto de las empresas en el medio ambiente, los derechos humanos y el ámbito social, basados en criterios comunes en línea con los objetivos de la UE sobre clima. La Comisión aprobará los primeros estándares en junio de 2023.
