El integrante del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia y magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Edmundo Rodríguez Achútegui, considera que la propuesta del Gobierno de derogar el actual delito de sedición es «consecuencia de la necesidad de modernizar los delitos contra el orden público, cuya regulación data del siglo XIX y está completamente anticuada».
Para Rodríguez Achútegui, las modernas democracias europeas actualizaron «la regulación decimonónica de estas infracciones penales» durante la segunda mitad del siglo XX, algo que en España no ocurrió «porque el régimen franquista mantuvo unas previsiones decimonónicas que no se acomodaban a los estándares que exigen los convenios internacionales» que ha suscrito el país a partir de la transición.
En declaraciones a Europa Press, el magistrado ha explicado que la regulación actual en estas materias «no es semejante a la del resto de los países de la Europa», y así lo acreditan «las grandes dificultades que encuentran los tribunales alemanes o belgas para atender los requerimientos del Tribunal Supremo para detener a Puigdemont».
Además, ha afirmado que, aunque el tema está sub iudice en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, «es necesario actualizar un grupo de delitos que tienen una regulación anticuada, y que no responden a los actuales parámetros de garantías de nuestro Estado de Derecho».
