La familia de Yolanda González, bilbaína de 19 años y militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), que fue secuestrada, torturada y asesinada en Madrid en 1961 por un comando del Batallón Vasco Español que tenía como cabecilla a Emilio Hellín, ha mostrado su indignación» por la contratación por la defensa de la expresidenta del Parlament Laura Borràs del asesino de la joven. Además, ha exigido a los representantes políticos e institucionales que actúen con unos «mínimos de ética y valores humanos» y desde el respeto a las víctimas del terrorismo.
A través de un comunicado, Asier González Martínez, hermano de Yolanda González, se ha referido a las informaciones sobre que la representación legal de Laura Borràs –dirigente de Junts suspendida como diputada y presidenta del Parlament por supuestamente trocear contratos públicos para beneficiar a un amigo cuando dirigió la Institució de les Lletres Catalanes–, contrató al asesino a su hermana, Emilio Hellín, «para elaborar un informe pericial en su defensa».
«Queremos manifestar nuestros sentimientos de indignación y hartazgo por conocer que, una vez más, la defensa de una personalidad política imputada en un caso de corrupción acude a Hellín para refutar pruebas aportadas por la acusación», ha apuntado.
En este sentido, ha recordado que Emilio Hellín Moro (que ahora se hace llamar Luis Enrique Hellíng) forma parte del pasado oscuro de la guerra sucia del Estado que asesinó a Yolanda de varios disparos en la cabeza, tras haberla secuestrado de su domicilio».
SIN ARREPENTIMIENTO Asier González ha destacado que Hellín era «cabecilla de un comando terrorista del Batallón Vasco Español, que nunca ha mostrado un atisbo de arrepentimiento por lo que hizo y que nunca cumplió su condena, ya que solo pasó 12 años en la cárcel de los 43 a los que fue condenado, a pesar de dos intentos de fuga frustrados y un tercero más por el que consiguió fugarse a Paraguay, hasta que se solicitó su extradición».
Los familiares de Yolanda González recuerdan que en 2013 supieron que «el Ministerio del Interior de España llevaba años pagando los servicios de Hellín para formar a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en técnicas forenses de espionaje rastreo informático y colaborando en casos judicializados, por los que el Ministerio tuvo que dar explicaciones y prometerles que no volvería a ocurrir».
El comunicado destaca que la Yolanda González «está oficialmente reconocida como víctima del terrorismo en el año 2000» y, por ello, la familia exige «a cualquier representante político y organismo institucional que actúe en todo momento con unos niveles mínimos de ética y valores humanos, y respeto a las víctimas del terrorismo».
