Once personas, entre ellas una mujer, han sido imputadas por el asesinato por linchamiento de un paramilitar durante la ola de protestas que lleva sacudiendo Irán desde la muerte bajo custodia de la joven kurda-iraní Mahsa Amini en septiembre por llevar presuntamente mal puesto el velo islámico.
El incidente, uno de los más conocidos de este periodo, ocurrió el 3 de noviembre en Karaj, al oeste de Teherán. Según el relato de las autoridades recogido este sábado por la agencia judicial iraní Mizan, el paramilitar, identificado como Sayed Ruholá Ajamian, se encontraba «desarmado y despejando el paso de una carretera cuando una turba le atacó con cuchillos y piedras».
«Finalmente, en un acto comparable al comportamiento de la (organización yihadista) Estado Islámico, arrastraron su cuerpo desnudo y moribundo sobre el asfalto de la calle, entre los automóviles», concluye el relato oficial sobre el asesinato de Ajamian, miembro de las milicias Basij, dependientes de la Guardia Revolucionaria Islámica del Ejército iraní.
Entre los cargos imputados contra estos sospechosos destaca uno por encima de todos, el de «corrupción en la tierra», punible en Irán con la pena de muerte.
Los incidentes tuvieron lugar cerca del cementerio Behesht Sakineh, en un día de luto tras la muerte de Hadis Najafi, un manifestante de 22 años asesinado durante una protesta el 21 de septiembre en esta localidad de Karaj, 30 kilómetros al oeste de la capital del país.
La represión de las protestas, que incluyen llamamientos a la caída del régimen iraní, se han saldado hasta ahora con la muerte de más de 300 personas, según los últimos datos de la organización no gubernamental Iran Human Rights (IHR), si bien otras ONG elevan el total de fallecidos por encima de los 400.
