Unidas Podemos ha registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados reclamando al Ejecutivo que redoble los esfuerzos para facilitar a los consumidores que reúnan los requisitos que puedan adherirse a la ‘tarifa de último recurso’ en gas, que está regulada por la Administración para hogares con un consumo inferior a los 50.000 kilovatios hora (kWh) al año.
Así lo plantea en una proposición no de ley (PNL) impulsada por la diputada por En Comú Podem Laura López, registrada para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso.
La iniciativa, recogida por Europa Press, insta al Ejecutivo a fomentar el conocimiento de esta tarifa regulada mediante diversos recursos, como dar información visible de esta posibilidad en las facturas cursadas a los consumidores.
También exhorta a realizar «cuantas medidas estén en su mano para garantizar el derecho de los consumidores a adherirse a las ‘Tarifas de Último Recurso’ de gas» y reforzar los derechos de los clientes, agilizando los procedimientos de cambios de tarifa.
En la exposición de motivos de su PNL, la parlamentaria alude a que las fuertes alteraciones del mercado energético en los últimos meses han puesto «en riesgo de pobreza energética a miles de consumidores españoles».
De esta forma, recalca que entre las medidas impulsadas por el Gobierno para hacer frente la subida de la energía está la prórroga de la aplicación de la limitación de la tarifa de último recurso para consumidores individuales con un consumo inferior a 50.000 kilovatios por hora al año hasta finales de 2023, permitiendo una «excepción temporal» a las comunidades de propietarios que utilizan calefacción central (un 6,6% de las viviendas que existen en España según datos del INE), que sobrepasan esos niveles de consumo.
COLAPSO DE LAS COMERCIALIZADORAS La iniciativa del grupo confederal argumenta que la gran diferencia de precios entre la tarifa regulada y las de libre mercado ha conducido a que los consumidores cambien de forma masiva de una tarifa a la otra. En este escenario, la respuesta de las comercializadoras que aún tienen la opción de tarifas reguladas se ha visto colapsada ante la gran cantidad de personas que exigen este cambio.
«Esto ha provocado una saturación en las gestiones para realizar los cambios de compañía y de tarifa que deben ser resueltos de forma inmediata», razona la propuesta del espacio confederal.
Por tanto y entendiendo que la escalada de precios seguirá en aumento, y que esto impactará «más profundamente en las clases menos favorecidas», Unidas Podemos defiende que la tarifa de último recurso se presenta como «una herramienta de contención social que debe ser promocionada desde los sectores públicos, pero también privados».
