El 90% de las universidades públicas son consideradas transparentes y ninguna de ellas es calificada como opaca, mientras que el 23% de las universidades privadas son calificadas como transparentes.
Así lo refleja el informe de transparencia y buen gobierno de las universidades españolas, Examen de transparencia 2021, elaborado por la Fundación Haz, que reconoce el «avance en la transparencia» de las universidades públicas. El estudio analiza la información que publican de manera voluntaria en la web las 49 universidades públicas y 26 privadas españolas, acerca de su personal, gobierno, consejo social (públicas), titularidad (privadas), oferta y demanda académica, información económica o resultados, entre otros indicadores.
La información más opaca de estas últimas es la referida al área económica, donde tan solo un tercio (33%) publica dichos datos. La principal responsabilidad de esta falta de información económica, recuerda el documento, recae sobre los órganos de gobierno de las universidades privadas, como consejos de administración, patronatos o cancillería.
En este sentido, la publicación afirma que «no puede extrañar que la opacidad en relación con la titularidad de las universidades privadas, información que solo proporciona un 46% de ellas, tenga su reflejo en la ausencia de datos económicos». «Esta correlación es particularmente evidente en las universidades cuyo titular es una sociedad mercantil, pues presentan los mayores grados de opacidad de todas las universidades, públicas y privadas», añade.
«DEBILIDAD» DE LOS CONSEJOS SOCIALES Para el director de la Fundación Haz y coautor del informe, Javier Martín Cavanna, la Ley de Reforma Universitaria de 1983 creó los consejos sociales «con el fin de evitar que la universidad se constituyese en un patrimonio de los actuales miembros de la comunidad universitaria y se convirtiese en un auténtico servicio público referido a los intereses generales de toda la comunidad nacional y de sus respectivas comunidades autónomas».
No obstante, ha advertido de que no se ha «avanzado nada en estos 40 años», ya que, a su juicio, la mayoría de los consejos sociales «son estructuras de gobierno y supervisión de papel, sin recursos económicos y humanos y con una composición en la que la mayor parte de sus miembros no son independientes».
El informe ha analizado todos los presupuestos de los consejos sociales de las universidades públicas, llegando a la conclusión de que estos, en la mayoría de los casos, son «paupérrimos».
Las diferencias en la financiación son notables con solo cinco universidades (Girona, Gran Canaria, La Laguna, Lleida y Rovira i Virgili) que igualan o superan el 0,3 de porcentaje en relación con el presupuesto total de la universidad. Las últimas posiciones las ocupan Granada, Sevilla y Zaragoza, con un 0,02%, seguidas de la Complutense de Madrid, con un 0,03%, y de la Autónoma de Madrid y Barcelona, con un 0,04%.
Si a lo anterior se suma que prácticamente el 50% de los consejos sociales no cuenta con una partida de gastos de personal, el documento concluye que estos órganos «no tienen recursos suficientes para desarrollar, de una manera adecuada, sus funciones de gobernanza y rendición de cuentas».
«Si existe voluntad real de que los consejos sociales puedan realizar una función eficaz para servir de puente entre la sociedad y la universidad actuando de palanca para que esta progrese en la excelencia, es urgente dotarles de recursos económicos y humanos, de un mayor compromiso con la rendición de cuentas y de una composición de sus miembros más independiente», ha explicado Ángel Luis Ladrón de Guevara, coautor del informe.
Los autores del informe han destacado que «lo más preocupante» es que el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario «solo contribuirá a ahondar, aún más, el frágil y defectuoso sistema de gobernanza de la universidad».
El proyecto de Ley, a su juicio, pretende aumentar la financiación pública «sin mejorar el sistema de gobierno ni fortalecer la rendición de cuentas». «Si el proyecto consigue salir adelante, con el consiguiente aumento de gasto, sin duda atenderá el interés privado de la comunidad universitaria, pero no el interés público», concluyen los autores de Examen de transparencia 2021.
