El Congreso de los Diputados comienza a debatir este martes la proposición de ley de los gravámenes a energéticas y entidades financieras, donde PSOE y Unidas Podemos introdujeron una serie de enmiendas para crear un impuesto «temporal» a las grandes fortunas y ampliar a la banca extranjera con sucursales en España la aplicación del impuesto financiero.
La tramitación de la proposición de ley se ha acelerado tras la presentación de las enmiendas parciales y la idea es que el texto se debata este martes en ponencia a puerta cerrada, el jueves se apruebe en sesión pública en la Comisión de Asuntos Económicos y que, una semana después, en un nuevo Pleno que se celebrará el día 24, salga ya del Congreso para rematar su tramitación en el Senado, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
La iniciativa original, referida sólo a los gravámenes para energéticas y banca, añadirá en la fase de ponencia la enmienda del PSOE y de Unidas Podemos para crear un impuesto de grandes fortunas que complementará al del patrimonio con el objetivo de que aquellos patrimonios que superen los tres millones de euros no sean objeto de cesión por parte de las comunidades autónomas y que, por tanto, no puedan quedar eximidos por gobiernos regionales.
Este gravamen será del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones, y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros. Además, para la determinación de la base imponible de este impuesto, resultarán aplicables las reglas contenidas en la ley del impuesto del patrimonio, de manera que se incluye una reducción en concepto de mínimo exento de 700.000 euros.
EL GRAVAMEN ENERGÉTICO AFECTARÁ SOBRE TODO A PETROLERAS Y GASISTAS De su lado, en lo que respecta a los afectados por el gravamen energético, estos serán las personas o entidades que desarrollen en España actividades de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo y que generen, en el año anterior del nacimiento de la obligación de pago de la prestación, al menos el 75% de su volumen de negocios a partir de actividades económicas en el ámbito de la extracción, la minería, el refino de petróleo o la fabricación de productos de coquería.
No obstante, estarán eximidos los «operadores principales», de acuerdo con la normativa reguladora de los mercados y la competencia, cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente a 2019 sea inferior a 1.000 millones de euros.
En cuanto al gravamen a la banca, en la ponencia de este martes ya se incluirá la enmienda de PSOE y Podemos para que el impuesto sea exigido a las entidades que, independientemente del umbral, estén sujetas a supervisión directa del Banco Central Europeo, incluidas las sucursales establecidas en España de entidades de crédito extranjeras.
