La futura Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global ha superado este lunes las votaciones en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados con el apoyo de los aliados parlamentarios del Gobierno y con el voto en contra de PP y Vox más la abstención de Junts.
La comisión ha incorporado al informe de Ponencia una serie de enmiendas transaccionales que el Gobierno ha pactado con los distintos grupos parlamentarios, con la salvedad de Vox, que presentó una enmienda a la totalidad que fue rechazada ya en septiembre y que hoy se ha reafirmado en su rechazo frontal.
La idea es que el dictamen de la comisión, con esas incorporaciones, se debata en una sesión plenaria que se piensa celebrara el jueves de la próxima semana, el día 24 de noviembre, para su remisión al Senado.
EL PP SE OFRECE A PACTAR La portavoz del PP, Paloma Gázquez, ha dejado claro que son un «partido de Estado» y que consideran que la cooperación es «una política de Estado» por lo que confían en que en la semana que queda «consigamos el mayor acercamiento posible» para que la nueva ley goce del mayor consenso y sea aprobada por los dos partidos mayoritarios, ya que está llamada a perdurar en el tiempo.
«Por nuestra parte no va a quedar este esfuerzo», ha aseverado, reconociendo que algunas de las 56 enmiendas que ha presentado el PP han sido incorporadas. En este sentido, ha recordado que, cuando se aprobó la actual Ley de Cooperación Internacional, el entonces Gobierno del PP incorporó «todas las propuestas del PSOE».
«Esto es una política de Estado y así debe reflejarlo la ley», ha recalcado Gázquez, que ha puntualizado que la cooperación que llevan a cabo las comunidades autónomas forma parte de la cooperación del Estado. Al hilo de ello, ha reconocido que a su partido le preocupa que «el PSOE, que pacta de manera sistemática con los que quieren romper el Estado», también lo haga ahora en cooperación. «Quisiéramos que al menos esto pudiera quedar limpio», ha confiado.
Mucho más duro se ha mostrado el portavoz de Vox, Víctor Sánchez del Real, que ha vuelto a denunciar que se trata de un texto que está ideologizado y que España pierde soberanía con lo que propone el Gobierno.
Asimismo, ha arremetido contra el PP, al que ha advertido de que «el mal menor siempre es mal» y afeando que vaya a aceptar la nueva ley. «Las prioridades tienen que ser humanitarias y no ideológicas», ha sostenido el portavoz de Vox, denunciando que el texto «sigue vacío de posibilidades» y lo único que se ha hecho en el proceso de enmiendas es «llenarlo de posibilidades para los independentistas».
SATISFACCIÓN POR LAS ENMIENDAS ACORDADAS Por lo que se refiere al resto de grupos, en general se han felicitado del trabajo realizado y el esfuerzo para incluir buena parte de las enmiendas presentadas, manteniendo en todos los casos vivas algunas de las que no habían sido pactadas y que han sido rechazadas por la Comisión en todos los casos.
Los partidos nacionalistas han incidido nuevamente en la importancia de la cooperación descentralizada que llevan a cabo las comunidades autónomas, reivindicando el papel en concreto de País Vasco y Cataluña en este ámbito y sin darse totalmente por satisfechos con algunos de los cambios introducidos al respecto, en especial en el caso de Junts, que se ha abstenido.
Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Pedro Honrubia, ha celebrado la «disponibilidad para consensuar» del PSOE, con el que se pactaron enmiendas conjuntas antes de presentar otras propias. En este sentido, solo ha lamentado que no se haya incluido su petición de una «meta intermedia del 0,5%» antes de llegar al objetivo del 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) destinada a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) prevista por el texto para 2030.
No obstante, ha añadido, se muestran «satisfechos de que finalmente se haga una mención al establecimiento de metas intermedias tal y como hemos solicitado varios grupos». De hecho, esta es una cuestión que habían planteado en sus enmiendas entre otros Ciudadanos, ERC o Bildu.
