El Gobierno de coalición ha tardado menos de 24 horas en dar su conformidad a la tramitación parlamentaria de la ley que derogará el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del proceso independentista catalán de 2017, confirmando así la tramitación exprés que el PSOE y Unidas Podemos pretenden dar a la reforma.
La iniciativa fue registrada el pasado viernes en el Congreso y, al tratarse de una proposición de ley de los dos grupos parlamentarios y no de un proyecto de ley del Gobierno de coalición no tuvo necesidad de contar con informes consultivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial.
Pasado el fin de semana, la proposición de ley fue calificada este lunes por la Mesa del Congreso, que la envió de inmediato al Gobierno para el trámite de dar su conformidad, ya que el Ejecutivo tiene capacidad de veto para iniciativas legislativas que considere que alteran su política presupuestaria, sea por merma de ingresos o por exceso de gastos.
LE HAN SOBRADO 29 DE LOS 30 DÍAS DE PLAZO Para dar ese visto bueno, el Gobierno disponía de un plazo de 30 días pero le han sobrado 29. Apenas 24 horas después de que se le remitiese la proposición de ley desde la Mesa del Congreso, el Gobierno ya ha registrado este martes en la Cámara un escrito dando su conformidad a la tramitación de la reforma.
Y eso que se trata de una proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal, lo que los juristas llaman ‘La Constitución en negativo’, en la que no sólo se aborda el fin del delito de sedición, sino que también se trasponen directivas europeas sobre contrabando de armas de doble uso e incluye una agravamiento de penas por ocultación de cadáver.
La proposición de ley, publicada este mismo martes en el Boletín Oficial de las Cortes, consta de 21 páginas con sólo dos artículos, pero uno de ellos tiene 19 apartados, y también contiene hasta nueve disposiciones.
TODO PARA QUE ESTÉ EN VIGOR EN ENERO Este visto bueno exprés confirma la celeridad con la que el PSOE y Unidas Podemos pretenden tramitar esta reforma, para la que han pedido también el procedimiento de urgencia, lo que implica acortar los plazos de enmiendas a la mitad.
Este viernes, sólo una semana después de registrarse, los dos partidos del Gobierno quieren que la Junta de Portavoces pongan ya fecha a su primer debate en el Pleno del Congreso, que se prevé para el próximo 24 de noviembre, nada más terminar el Pleno de los Presupuestos Generales de 2023. Todo ello para intentar que la ley complete su tramitación parlamentaria antes de fin de año y esté en vigor en enero.
