El juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción del ‘caso Popular’ ha solicitado una nueva ampliación de informe a los peritos del Banco de España Teodoro Fernández y Álvaro López después de que hayan surgido una serie de dudas en su declaración en sede judicial de este martes.
Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, ha instado a los dos expertos a que expliquen de forma detallada y por escrito la relación de algunos de los datos contenidos en su primer informe y en la posterior ampliación.
En ese primer documento, los peritos apreciaban un déficit por valor de 135 millones en la entidad en el ejercicio de 2015. En la ampliación de ese informe, solicitada por el instructor, los expertos concluyeron que la extinta entidad debió reflejar pérdidas por valor de 1.019,897 millones de euros en el ejercicio de 2015 en lugar del beneficio de 105,394 millones que declaró.
Las mismas fuentes explican que en la declaración de este martes –fijada para que los peritos ratificasen esos informes– la Fiscalía ha preguntado por la relación entre sendas cifras. Es decir, entre el déficit por valor de 135 millones primero y las supuestas pérdidas por 1.019 millones.
Sendos peritos, que se han ratificado en el resto de cuestiones contenidas en sus informes, no habrían ofrecido una respuesta lo suficientemente clarificadora a ojos del Ministerio Público o del propio juez, lo que ha motivado la petición de una segunda ampliación.
Por otro lado, tanto Fernández como López han insistido ante el instructor en que la calidad de los datos en los que se basó su última pericial era «deficiente, existiendo una gran cantidad de incoherencias, defectos e inconsistencias».
Ambos peritos ya expresaron sus dudas acerca de la primera ampliación pericial requerida por el juez en un escrito suscrito por ambos y que fue remitido al instructor el pasado 31 de marzo, tan solo unos días después de que el juez Calama les instase a la elaboración de la misma.
El instructor requirió este informe a los peritos del Banco de España el 16 de marzo, unos días después de tomar declaración al inspector del Banco Central Europeo Jesús Fernando Martínez Usano, que explicó al juez que el Popular llevó a cabo una liberación de coberturas «contraria a la norma», cifrando el déficit de provisiones entre 1.153 y 1.355 millones de euros.
LAS ÚLTIMAS CITACIONES El magistrado ya escuchó el pasado 14 de septiembre a los peritos del Banco de España Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández, que ratificaron dos de los informes encargados por Calama. En concreto, los mismos versaban sobre Thesan Capital y el relativo a un posible déficit de provisiones en las cuentas de 2015.
El primero de los documentos era un exhaustivo informe que ponía el foco en las operaciones del Popular que fueron intermediadas por Thesan Capital, una sociedad de capital riesgo especializada en la compra de empresas en crisis que operó con el banco entre 2011 y 2014.
El segundo, por otro lado, era la ampliación de un informe que ellos mismos elaboraron en 2019 a fin de determinar si, a finales del año 2015, se mantenía un déficit de provisiones por parte del Banco Popular y su «trascendencia» para las cuentas anuales de la entidad.
A la espera de una nueva ampliación pericial, esta causa que está cerca de cumplir cinco años está previsiblemente cerca de su final. En la misma, el magistrado investiga dos fases del proceso de resolución del Popular: las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.