La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Uge Sangil, considera necesario hacer políticas públicas en favor de la empleabilidad de cualquier colectivo que tenga dificultades en este ámbito, «algo que sucede con el colectivo LGTBI y, sobre todo, con las personas trans».
Así lo ha explicado este martes Uge Sangil a Europa Press, después de que la nueva Ley de Empleo considere a las personas del colectivo LGTBI+, en particular trans, como «vulnerables de atención prioritaria» en política de empleo, junto a otras como los jóvenes con baja cualificación, personas en desempleo de larga duración, personas con discapacidad, migrantes, mujeres víctimas de violencia de género o personas gitanas.
Para Uge Sangil, «la clave es cómo implementar esas políticas». En ese sentido, cree que «a día de hoy faltan herramientas para implementar esas políticas, ya que la orientación sexual o la identidad de género no están recogidas en ninguna base de datos o registro del Estado, lo que hace casi imposible hacer políticas dirigidas o específicas para el colectivo LGTBI».
«Entendemos que la Ley está en elaboración y que puede mejorar en cuanto a cómo se puede implementar. Y si no se puede hacer una política directa, porque no es posible identificar a nuestro colectivo, hay que pensar en medidas indirectas», ha defendido la presidenta de la FELGTBI+, que insiste en que «es necesario que haya políticas de empleabilidad para el colectivo LGTBI, especialmente para las personas trans. Los datos es lo que indican. Ahora, busquemos como enfocarlo».
En este escenario, Uge Sangil ha recordado que «siempre» están dispuestas a que se les consulten las leyes y medidas sobre su colectivo. «En muchas ocasiones, podemos aportar nuestra visión y cómo hacer que las propuestas sean mas efectivas», ha remachado.
Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, fuentes gubernamentales han explicado a Europa Press que las personas LGTBI+ podrán informar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de su orientación sexual para buscar empleo como colectivo prioritario «desde la libertad individual».
«No es una cuestión que el SEPE vaya a preguntar. No es obligatorio en absoluto», han manifestado las fuentes consultadas, que han añadido que se tendrá que acreditar la pertenencia al colectivo, como en el caso de las mujeres que sufren violencia de género, y «en cada caso, despenderá de las circunstancias personales y del tipo de convocatoria que se haga».
En este punto, las fuentes de Trabajo han añadido que, atendiendo al desarrollo reglamentario, la acreditación podría realizarse a través de una declaración responsable dentro de la «voluntariedad y la libertad». Además, han asegurado que esta información es confidencial, cumpliendo con la normativa de Protección de Datos.
Al texto, que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria en el Congreso, se han presentado enmiendas, entre estas una de mejora técnica presentada por el Grupo Popular encaminada a modificar la consideración del colectivo LGTBI+ como «vulnerables de atención prioritaria». En su lugar, los ‘populares’ proponen que sean «personas que sufren discriminación por razón de su orientación o identidad sexual».
El pasado mes de junio el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros la Ley de Empleo, que contempla la transformación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la Agencia Española de Empleo, para mejorar su gestión y funcionamiento.
Esta Ley de Empleo pretende ser «una norma marco de las políticas públicas de empleo» y se regirá por los principios de no discriminación en el acceso y consolidación del empleo, transparencia y eficiencia en el diseño y ejecución, según dijo entonces el Ministerio de Trabajo.
