El Pleno del Senado ha aprobado de manera definitiva y sin cambios el proyecto de ley que permitirá a Mossos d’Esquadra y Ertzaintza compartir con la Guardia Civil las competencias sobre el control de sustancias químicas que pueden ser utilizadas como precursores de explosivos, en cumplimiento de un reglamento europeo que limita el acceso de los particulares.
El proyecto de ley ha contado con 147 votos a favor y las abstenciones del PP frente al rechazo de Vox. En cualquier caso, PP, Cs y Vox han coincidido en denunciar una «cesión» a los partidos independentistas.
Este proyecto de ley, que tras su aprobación entrará en vigor una vez esté publicado en el BOE, derogará la norma vigente de 2017 incorporando las disposiciones del reglamento europeo de 2019 sobre una materia sensible para la seguridad, debido al potencial peligro que suponen estas sustancias en manos del crimen organizado o grupos terroristas.
En la comisión de Interior del Congreso se introdujo una enmienda de ERC, pactada por PSOE, Unidas Podemos, PNV y PDeCAT, que permite atribuir a las policías autonómicas unas competencias de inspección que antes tenía en exclusiva la Guardia Civil.
La idea del PP era intentar revertir esta situación en el Senado, pero finalmente la Cámara Alta no ha introducido ninguna enmienda, por lo que los ‘populares’ han cargado contra este acuerdo transaccional del Congreso, aunque han optado por abstenerse.
MECANISMO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN El pasado 12 de mayo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió en el Congreso el proyecto de ley de precursores de explosivos por ser una norma clave en la prevención de la fabricación de artefactos caseros con fines terroristas y que respetaba las competencias autonómicas.
ERC, no obstante, reclamó al ministro más competencias para las policías autonómicas, dentro de la adaptación de la normativa europea que actualiza la ley en vigor de 2017, y anunció que pediría la devolución del texto.
En concreto, la enmienda transaccional establece que la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y los órganos de las comunidades autónomas competentes en materia de seguridad pública que disponga de policía propia «articularán los mecanismos de intercambio de información necesarios para el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en la ley».
En particular, dice la transaccional pactada, «se intercambiará la información oficial» en cumplimiento de los Estatutos de Autonomía. Estos órganos autonómicos «podrán adherirse a los planes anuales de inspección en materia de precursores de explosivos en los mismos términos y obligaciones que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», quedando en manos del conocido como Punto de Contacto Nacional la potestad de atender cualquier petición de información.
El objetivo del proyecto de ley es limitar el acceso de los particulares a los precursores de explosivos, sean personas físicas o jurídicas. Para ello, estarán obligados a obtener una licencia previa para adquirir precursores de explosivos calificados como «restringidos».
La ley establece que los usuarios profesionales no precisen de dicha licencia, aunque si quieren adquirir precursores de explosivos –ya sean restringidos o no– para fines relacionados con su actividad deberán de acreditar su buen uso.
