El exnúmero 2 del Palau de la Música Jordi Montull y su mujer, Mercè Mir, han negado ante el juez ocultar los alquileres de tres viviendas embargadas para evitar pagar indemnizaciones del caso Palau de la Música, según han explicado fuentes presentes en la Sala.
Lo han dicho este miércoles durante su declaración en el Juzgado de Instrucción 12 de Barcelona en la Ciutat de la Justicia; también tenía que declarar su hija, Gemma Montull, pero no ha ido a los juzgados «por un error de citación».
Montull, que cumple siete años y medio de cárcel por el ‘caso Palau’ y que está condenado a devolver los 23,8 millones de euros expoliados junto al expresidente de la entidad cultural, Fèlix Millet, ha sido conducido desde prisión para comparecer ante el juez.
En julio, la institución cultural denunció en los juzgados que la familia de Montull estaba ocultando al Palau de la Música y a la Audiencia de Barcelona los ingresos que reciben de los tres inmuebles embargados por la justicia –dos en El Masnou (Barcelona) y uno en Teià (Barcelona)–.
Él solamente ha respondido a una pregunta, y ha alegado que no recordaba si su hija era una de las inquilinas de uno de los inmuebles, mientras que su mujer ha negado que la familia hiciera «maniobras para eludir el pago de la indemnización».
La familia Montull ha asegurado que tanto la Audiencia de Barcelona como el Palau de la Música «sabían de la existencia de los alquileres», y han alegado que fueron firmados antes de que la sentencia fuera firme.
La mujer también ha explicado que estaban declarados a Hacienda y que servían para pagar los gastos de los impuestos, aunque la entidad cultural ha sostenido que desconocía estos alquileres.
Fuentes judiciales han explicado a los periodistas que en los contratos, que han quedado sin efecto, se puso una cláusula que decía que los inquilinos tenían preferencia para la compra de la finca.
FISCALÍA La Fiscalía ha pedido dos años de cárcel y una multa 9.720 euros para Montull y su esposa por presuntamente no haber puesto en conocimiento de la justicia los ingresos que recibían de los alquileres.
En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal pide que, en el caso de que los hechos fueran considerados como un delito de frustración a la ejecución, que se les imponga la pena de 6 meses de prisión.
La Fiscalía asegura que ambos «no pusieron en conocimiento ni a disposición de la Sección 10 de la Audiencia de Barcelona el cobro de las cantidades económicas, que percibieron mensualmente los dos acusados cuyo 50%, correspondía a cada uno de ellos, tal y como fueron declarados al realizar la declaración correspondiente al IRPF».
En este documento, la Fiscalía asegura que, «teniendo pleno conocimiento de las cantidades económicas a las que fueron condenados que debían satisfacer a la mayor brevedad posible, y con evidente intención de no hacer frente a las mismas», decidieron arrendar las viviendas.
