La Asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha criticado las «muy desafortunadas e inapropiadas manifestaciones» vertidas desde el Ministerio de Igualdad contra el poder judicial a raíz de las revisiones de pena que han hecho ya algunos jueces debido a la entrada en vigor de la ‘ley del solo sí es sí’.
La asociación se ha expresado así a través de un comunicado, recogido por Europa Press, después de que la titular del Ministerio, Irene Montero, haya acusado este mismo miércoles a los jueces de aplicar «erróneamente o de forma defectuosa» la Ley de Garantía de la Libertad Sexual.
«Lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la Ley de Infancia y nos ocurre ahora también con la Ley ‘solo sí es sí», ha sostenido Montero. En la misma línea se ha expresado la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, que ha insistido en que los magistrados «no están cumpliendo» con la legislación.
Desde JJpD han recordado que «la reforma de las penas con las que se castigan algunos delitos conlleva la necesidad de revisar sentencias por exigencia de principios constitucionales, tal y como el propio Consejo General del Poder Judicial ya advirtió en el preceptivo informe que antecedió a la aprobación de esa Ley Orgánica».
La asociación se ha referido de esta forma al informe emitido en febrero de 2021 por el órgano de gobierno de los jueces sobre la actual Ley de Garantía de la Libertad Sexual, que por aquel entonces era un anteproyecto. En el mismo, el CGPJ explicaba que el cuadro penológico contemplado para los delitos de agresiones sexuales suponía «una reducción del límite máximo de algunas penas».
«Que desde el Ministerio de Igualdad no se haya alcanzado a prever esa consecuencia no justifica que se arremeta contra los jueces/zas tachando sus decisiones como ‘justicia machista’ o considerando que se trata de una aplicación defectuosa de la ley, manifestaciones que, además de desafortunadas e injustas, cuestionan la credibilidad del sistema que tiene por objeto la protección de víctimas de los delitos sexuales y obstaculizan la necesaria confianza que en el mismo se debe promover», ha reprochado la asociación judicial.
