La Confederación Española de Policía (CEP) ha reclamado a la Dirección General de la Policía un «plan especial urgente» que refuerce antes de Navidad el despliegue para «atajar el aumento de la violencia vinculada al ocio», mediante el uso de armas blancas y objetos contundentes.
El sindicato recuerda, en este sentido, que en el primer semestre de 2022 se han registrado ya el 86,3% del total de delitos de lesiones y riña tumultuaria contabilizados por el Ministerio del Interior en los nueve primeros meses de 2021 y que «los datos actuales mantienen esta preocupante tendencia alcista».
En un comunicado, CEP pide se refuerce los planes de prevención de armas blancas y se apliquen sanciones administrativas previstas en la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la seguridad Ciudadana, la conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’. También solicita la «estricta aplicación de la legalidad en materia de régimen de extranjería y de consumo de alcohol y sustancias estupefacientes».
CEP justifica la medida ante la inminencia de los puentes y días festivos del mes de diciembre, previo a las fiestas de Navidad, que «permite suponer la presencia de un elemento de oportunidad para que este tipo de infracciones penales vuelvan a incrementarse.
POR ENCIMA DE LA MEDIA DE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS El sindicato advierte del «riesgo físico» que enfrentan los policías, recordando el incremento del 57,3% en el primer trimestre del 2022 y un 48,2% si la comparativa se extiende al primer semestre. Los delitos por este motivo, dicen, «superan ampliamente la media histórica registrada desde 2016».
«En el periodo comprendido entre enero y marzo, la cifra de estos delitos alcanzada en 2022 supera en un 35,9% a la media de los seis años anteriores», comenta el sindicato.
En un escrito remitido ayer a la Dirección General de la Policía, CEP alerta de la «presión al alza» de los delitos graves y menos graves de lesiones (artículos 147 y siguientes del Código Penal) y el de riñas tumultuarias (artículo 154 del Código Penal).
El sindicato llama a tirar de «recursos económicos extraordinarios» para que el refuerzo del despliegue policial se haga respetando la jornada laboral y descansos de los agentes.
