La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha admitido este viernes que existe «alarma social» por la aplicación de la ley de garantía de la libertad sexual conocida como ‘ley de ‘solo sí es sí’, que está provocando revisiones de sentencias a condenados por delitos sexuales, rebajas de penas e incluso órdenes de excarcelación.
En una entrevista en Cadena SER Mallorca, recogida por Europa Press, ha señalado que el Ejecutivo comprende «la alarma social y la preocupación» de la sociedad después de los últimos acontecimientos. Es la primera vez que un miembro del Gobierno utiliza esta expresión, que sí mencionó la excivepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, este jueves.
Por otro lado, al ser cuestionada sobre si las víctimas que están viendo rebajadas las penas de sus agresores podrán recurrir, ha indicado que «hay procedimientos jurídicos para hacerlo» al tiempo que ha indicado que espera que «esas herramientas sirvan para avanzar en esa unificación de doctrina» y evitar el «efecto perverso» para los afectados.
Isabel Rodríguez ha evitado criticar a la ministra de Igualdad, Irene Montero al ser cuestionada sobre si se equivocó al responsabilizar de esta situación a la interpretación que hacen los jueces. «No voy a juzgar a mis compañeras del Ejecutivo», ha apuntado, aunque ha insistido en su respaldo a los jueces –que interpretan la ley «conforme al mejor criterio», según ha afirmado– y a la importancia de respetar la separación de poderes.
LOS JUECES YA RECIBEN FORMACIÓN En este punto ha añadido que reconocer a quienes aplican las leyes es también «una garantía» para las víctimas porque de este modo pueden saber que cuentan «con todos los resortes del Estado para su protección», ha expresado.
Sobre si considera que los jueces en España tienen la formación necesaria en materia de Igualdad ha indicado que se ha avanzado muchísimo gracias a normas «pioneras» como la Ley de Violencia de Género, y que esta formación ya existe y está contemplada en esta norma.
En este sentido Rodríguez ha indicado que para paliar la alarma social generada el Gobierno está enviando un mensaje de «tranquilidad» y de «confianza en los jueces» para que se pueda unificar la doctrina en la aplicación de la norma. Así, ha reiterado que la voluntad de la ley es amparar a las mujeres de las agresiones sexuales y perseguir al agresor. A su juicio, nadie puede dudar de la voluntad tanto del Ejecutivo como del Parlamento.
LA JUSTICIA ESTÁ REACCIONANDO CON RAPIDEZ Al ser cuestionada sobre si le preocupa un goteo constante de rebajas de penas, la portavoz del Gobierno ha indicado que los operadores jurídicos están reaccionando «de manera rápida» ya que el Tribunal Supremo está pendiente de analizar la cuestión «en los próximos días», según ha trasladado.
A renglón seguido ha afirmado que le preocupa «mucho» que haya quien utilice el sufrimiento de las víctimas como «arma política» en referencia al PP y su presidente, Alberto Núñez Feijóo.
