El secretario general del PCE y dirigente de IU, Enrique Santiago, ha reprochado que varias asociaciones judiciales hayan demandado la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras las críticas a los jueces que han rebajado penas a condenados tras la puesta en marcha de la Ley del ‘solo sí es sí’.
«No tienen credibilidad para pedir la dimisión de la ministra», ha apuntado a través de un mensaje en Twitter y en referencia a la exigencia de renuncia lanzada desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asamblea General de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).
Y ha confrontado que estos colectivos, ante la situación del «secuestro» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte de la «derecha política y judicial», no han pedido dimisiones «de los organizadores del incumplimiento constitucional, todos conocidos».
La cúpula de la formación morada ha cerrado filas en torno a la titular de Igualdad, ha proclamado que la ley saldrá reforzada de esta controversia, que también está sirviendo para «retratar» a los políticos progresistas que ahora rajan contra la norma, tras la postura de barones del PSOE y Más Madrid favorable a acometer rectificaciones en la norma.
PODEMOS: APOYAR A MONTERO ES OBLIGADO Además, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, aseguró que ante la «cacería» de «dimensiones de fusilamiento» contra Montero la «obligación de cualquier camarada es apoyar», deslizando así la solicitud de respaldo tanto del espacio confederal como de sectores a la izquierda del PSOE.
El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, también aludió a la «dignidad» de Podemos ante los «ataques furibundos» por un lado y «silencios estruendosos» por otro, mientras que el exvicepresidente Pablo Iglesias criticó la «cobardía» de una parte del Gobierno que no ha salido a defender a Podemos.
Sin embargo, los reproches a los magistrados de la cúpula morada y Igualdad ha motivado la respuesta crítica del vicepresidente balear y miembro de Podemos, Juan Pedro Yllanes, que se ha desmarcado de dicha estrategia al tildar de «temerario» y «exceso verbal» apuntar al machismo de los jueces como razón principal de la reducción de penas acometidas.
Por otro lado la respuesta dentro del espacio confederal se ha agrietado en lo referente a los ataques a los jueces, aunque el conjunto del espacio refrenda que la ley es positiva. Así, el titular de Universidades, Joan Subirats (comunes) y el entorno de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, abogaron por la prudencia.
Mientras la directora del Instituto de las Mujeres adscrito a Igualdad, Toni Morillas, que milita en IU, exigió que las interpretaciones de la ley «estén libres de sesgos patriarcales».
Sobre la cuestión, la titular de Trabajo no se ha pronunciado aún públicamente y este viernes está previsto que atienda a los medios de comunicación durante su visita a Valencia. No obstante, fuentes de su entorno desgranaron ayer que «toda ser prudentes» y que «objetivo y espíritu de la norma siempre ha estado claro», si bien toca analizar el recorrido judicial de la ley. De esta forma, optaban por no entrar en las críticas a los jueces.
Desde los ‘comunes’ Subirats abogó también ayer por la cautela y la prudencia, al apostar por esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos aunque entendía que las primeras revisiones de penas hubieran generado la primera reacción de Igualdad.
