El secretario general del PCE y dirigente de IU, Enrique Santiago, ha reprochado que varias asociaciones judiciales hayan demandado la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras las críticas a los jueces que han rebajado penas a condenados tras la puesta en marcha de la Ley del ‘solo sí es sí’.
Una posición que ha refrendado también el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, para afear a estos colectivos que no tienen legitimidad para pedir ceses mientras sigan avalando a un Poder Judicial «caducado».
«No tienen credibilidad para pedir la dimisión de la ministra», ha apuntado Santiago a través de un mensaje en Twitter y en referencia a la exigencia de renuncia lanzada desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asamblea General de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).
Y ha confrontado que estos colectivos, ante la situación del «secuestro» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte de la «derecha política y judicial», no han pedido dimisiones «de los organizadores del incumplimiento constitucional, todos conocidos».
En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, el dirigente de IU ha ahondado que la asociaciones judiciales que «han mirado para otro lado» ante el secuestro del Poder Judicial, cuyo incumplimiento inconstitucional está «perfectamente identificado» en la derecha «judicial», carecen de legitimidad para pedir ceses por este asunto.
«Me sorprende que asociaciones sean tan rápidas para pedir dimisiones de una ministra y sean tan comprensivas con el secuestro, nada más y nada menos, que de uno de los tres poderes del Estado», ha agregado.
A su vez, Asens ha dicho en redes que estos colectivos «no tienen legitimidad para pedir la dimisión de nadie mientras sigan avalando a un gobierno de los jueces caducado». «Que cumplan la ley o dimitan. Eso es lo que deberían pedir», ha lanzado.
PODEMOS PIDE MÁS APOYO A MONTERO La cúpula de la formación morada ha cerrado filas en torno a la titular de Igualdad, ha proclamado que la ley saldrá reforzada de esta controversia, que también está sirviendo para «retratar» a los políticos progresistas que ahora rajan contra la norma, tras la postura de barones del PSOE y Más Madrid favorable a acometer rectificaciones en la norma.
Además, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, aseguró que ante la «cacería» de «dimensiones de fusilamiento» contra Montero la «obligación de cualquier camarada es apoyar», deslizando así la solicitud de respaldo tanto del espacio confederal como de sectores a la izquierda del PSOE.
El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, también aludió a la «dignidad» de Podemos ante los «ataques furibundos» por un lado y «silencios estruendosos» por otro, mientras que el exvicepresidente Pablo Iglesias criticó la «cobardía» de una parte del Gobierno que no ha salido a defender a Podemos.
Sin embargo, los reproches a los magistrados de la cúpula morada y Igualdad ha motivado la respuesta crítica del vicepresidente balear y miembro de Podemos, Juan Pedro Yllanes, que se ha desmarcado de dicha estrategia al tildar de «temerario» y «exceso verbal» apuntar al machismo de los jueces como razón principal de la reducción de penas acometidas.
DÍAZ ABOGA POR LA PRUDENCIA Por otro lado, el titular de Universidades, Joan Subirats (comunes) y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han abogado por la prudencia y esperar a ver el recorrido judicial de la norma, con vistas a que el Supremo unifique doctrina.
El portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso y dirigente de IU, Enrique Santiago, ha defendido que la Ley del ‘solo sí es sí’ es «buena», «equilibrada» y ha pasado por «innumerables filtros» de organismos estatales, por lo que toca ahora esperar a la unificación de criterio y que Poder Judicial aplique «estrictamente» esta normativa.
También ha opinado que existe una «polémica muy desproporcionada» sobre esta legislación y que ahora toca revisar «caso a caso», que podría implicar una «pequeña» reducción en alguna situación, pero dejando claro que también incluye tres nuevos agravamientos que elevarán penas de prisión en nuevas sentencias.
