La Fiscalía Antidroga solicita penas que van de los trece a los siete años de prisión para los 65 integrantes de una organización criminal dedicada al cultivo intensivo de marihuana que han sido procesados por delitos contra la salud pública y delito continuado de defraudación del fluido eléctrico.
Así consta en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que se detalla que los procesados –la gran mayoría de nacionalidad china y residencia ilegal en España–, conformaron un entramado «con vocación de persistencia en el tiempo y estructura interna jerárquica dedicado a la adquisición de grandes superficies –naves industriales– para albergar plantaciones intensivas de cannabis».
Así, explica, esas plantas, una vez realizadas todas las gestiones para su crecimiento, «eran distribuidas mediante paquetería a diferentes puntos de Europa o mediante venta directa a compradores locales, obteniéndose de esta manera enormes beneficios ilícitos».
TRES FACCIONES En su informe, la fiscal del caso expone que esta organización funcionaba como una red que se dividía en diferentes facciones, hasta tres. Cada una gestionaba sus producciones de marihuana y funcionaba a modo de «cooperativa de trabajo compartido en la que las personas que pertenecen (…) son considerados socios, inversores y trabajadores, facilitando así participaciones permutadas por los trabajos prestados».
Esta dinámica hacía posible que, en caso de caer una de las tres facciones existentes, el resto permanecían activas sin demasiado perjuicio porque funcionaban de manera individualizada. Además, matiza que cada una de ellas tenía una organización jerarquizada con tres escalafones claros: dirección y gestión; logística y distribución; y mano de obra y colaboradores.
En el escrito, la fiscal destaca la figura de los conocidos en la organización como ‘los maestros’, que eran personas de confianza especializados en el cultivo de la marihuana. Según se deriva de las intervenciones telefónicas, estos recibían un trato y un sueldo especial, y sólo estaban en contacto con la droga durante el periodo de tiempo necesario para evaluar su calidad y realizar los pesajes, por lo que era complicado que fueran detectados ‘in fraganti’.
La fiscalía detalla a lo largo de las 141 páginas de su escrito en qué provincias operaban las facciones –Barcelona y Asturias, por ejemplo–, quiénes eran los líderes de cada una de las ramas –algunos en paradero desconocido–, cómo distribuían el producto –paquetería ordinaria con empresas como Seur– y a qué destinos llegaba –Francia o Italía, entre otros–.
Además, indica que de los procesados hasta 12 han sido declarados en rebeldía, mientras que 31 de ellos permanecen en prisión preventiva a la espera del juicio.
A cuatro de los procesados que estaban en la cúspide del escalafón –Changquan Wang, Tianping Lin, Xin Shi y Jian Cheng– a los que les impone la pena más alta, les asigna una multa de más de siete millones en atención a la droga que se movió, mientras que para el resto las multas van de los 5 a los 1,7 millones.
