Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para exigir al Gobierno que cancele de forma «definitiva» la emisión del sello de Correos que conmemora el centenario del Partido Comunista de España (PCE), después de que un juzgado de Madrid permitiera su venta.
Con esta iniciativa, según explica a través de una nota de prensa, Vox persigue que desde el Gobierno no se haga apología de «ideologías inspiradoras de regímenes que se cuentan entre los más sanguinarios de la Humanidad» y se cese en la utilización de la Administración General del Estado para la difusión y apología de doctrinas políticas, a su juicio «incompatibles con el bien común, como el marxismo y el comunismo».
UN PARTIDO «ANTINACIONAL»
«Conmemorar la fundación del PCE significa exaltar la historia de un partido antinacional que subyugó el interés popular y la lucha por la libertad y la democracia a las directrices de Stalin», censuran.
Además, Vox emplaza al Gobierno a eliminar la reciente Ley de Memoria Democrática y a «rechazar y condenar» el comunismo por ser una ideología que atenta contra el «bien común», la «dignidad» y la «libertad».
Y recuerda que en septiembre de 2019 el Parlamento Europeo acordó una resolución en la que se condenaba el nazismo y el comunismo como ideologías «totalitarias».
ABOGADOS CRISTIANOS INTENTÓ PARARLO El pasado viernes, la titular del juzgado 30 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, Carmen Casado, decidió dejar sin efecto la suspensión cautelar de la emisión del sello de Correos que conmemora el centenario del Partido Comunista de España (PCE), lo que supone dar vía libre a su venta.
En un auto al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada autoriza nuevamente la venta de la estampilla asegurando que la resolución por la que se autorizó la emisión del sello conmemorativo siguió «el procedimiento legalmente establecido».
Una decisión de la jueza que llegó después de que ella misma acordase el pasado 11 de noviembre suspender cautelarmente la venta del sello, tal y como le solicitó la asociación Abogados Cristianos, que consideraba «intolerable» que se utilizasen las administraciones públicas para «promocionar una ideología».
