Los ministerios del Interior, Justicia y Trabajo y Economía Social han suscrito un convenio con la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para impulsar la investigación «eficaz y rápida» de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y la ejecución de las sentencias condenatorias, así como para la toma de conciencia social de este problema.
En su intervención, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha señalado que con este convenio «se sientan las bases para favorecer la coordinación entre todos» para engrasar «esa maquinaria que debe activarse cuando se detecta algún delito relacionado con esta materia».
Llop ha destacado que este convenio «forma parte de la propia filosofía que impregna nuestra acción como Gobierno» y ha añadido que, desde el Ministerio que lidera quieren impulsar «políticas públicas centradas en las víctimas». «Creemos en un servicio público de Justicia a la medida de las personas, en una Justicia más humana», ha defendido.
En el acto de presentación también ha participado el presidente del CGPJ, Rafael Mozo; la vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; y un representante de la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales, Favaela.
