La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta que lleva la causa abierta por un presunto delito de prevaricación continuada en la expulsión a Marruecos en agosto del año pasado de 55 menores migrantes no acompañados ha rechazado citar como testigos al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, como había solicitado una de las imputadas, la vicepresidenta Primera del Gobierno de la Ciudad, Mabel Deu (PP).
La también consejera de Presidencia del Ejecutivo autonómico, denunciada por la Fiscalía junto a la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, por devolver a los niños solos al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería, justificó su petición en la necesidad de que Marlaska y Pérez explicasen «las gestiones, diplomáticas y/o administrativas, que se llevaron a cabo para dar cumplimiento al Acuerdo Internacional con Marruecos» de 2007 al que apelan las investigadas como supuesto soporte legal de su actuación.
En un auto a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, la instructora de la causa argumenta que «tales gestiones no empecen ni sustituyen a los trámites administrativos previstos» en el Reglamento de la Ley de Extranjería a los que, según todas las instancias judiciales que se han pronunciado hasta ahora, se deberían haber ceñido las investigadas.
La jueza considera que «no se estima que su testimonio sea relevante para la instrucción de la causa sin perjuicio de que la parte pueda proponer la prueba si le conviniera, en su caso, en el juicio oral», ha concluido.
También ha rechazado el resto de testificales y documentales solicitadas por la Fiscalía, Deu y una de las acusaciones particulares, la Red Española de Inmigración, que pretendía extender la posible responsabilidad penal derivadas de las repatriaciones a hasta cuatro ministerios.
Así, la jueza ha descartado intentar localizar a los cuatro funcionarios marroquíes que acudieron a una reunión con las autoridades españolas en la frontera del Tarajal días antes del inicio de las repatriaciones de menores, ya que al margen de que la Defensa de Deu no pudo aportar ni sus nombres, «su declaración en todo caso no se estima trascendente si se trata de dar cuenta del ingreso de los menores retornados en un centro público de protección y/o su reagrupamiento familiar».
Tampoco será citado el presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas, como reclamaba la Red de Inmigración, ya que hasta ahora no ha hallado ningún «indicio de criminalidad» para llamarle como investigado, la condición en la que debería hacerlo si se aceptase la tesis de esa acusación particular de que habría «participado» en la «concertación para delinquir» que se imputa a Mateos y Deu.
La jueza ha escuchado hasta ahora declarar en calidad de investigadas a la exdelegada del Gobierno y la vicepresidenta del Ejecutivo de Ceuta. Como testigos han hecho lo mismo la jefa del Área de Menores de la Ciudad, Toñi Palomo, que alertó en repetidas ocasiones por escrito y verbalmente de que la fórmula elegida para expulsar a los niños vulneraba la legislación nacional y los acuerdos internacionales; un inspector jefe de la Policía Nacional; una abogada del Estado y el secretario general de la Delegación.
