El Pleno del Congreso de los Diputados votará este jueves la futura Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible, con la incógnita hasta el último momento de si PP dará su respaldo a la nueva norma, que cuenta con respaldo suficiente para prosperar y con el rechazo adelantado de Vox.
La principal novedad de la nueva norma, que relevará a la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 1998, es que se estipula que España destinará el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) «en el horizonte del año 2030».
El Gobierno se ha marcado como objetivo alcanzar el 0,5% para el final de la actual legislatura y la previsión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es que en 2023 se alcance el 0,34%, tal y como confirmó este martes en el Congreso el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, durante su comparecencia por los Presupuestos.
La Comisión de Exteriores del Congreso ya dio su visto bueno la semana pasada al informe de Ponencia con una serie de enmiendas transaccionales que el Gobierno pactó con los distintos grupos parlamentarios, con la salvedad de Vox. Los de Santiago Abascal presentaron una enmienda a la totalidad en septiembre que fue rechazada.
A la luz de lo visto en la Comisión, donde solo el PP se unió a Vox para votar en contra, cabe esperar que la nueva ley salga adelante en el Pleno gracias a los votos favorables de PSOE y Unidas Podemos junto con sus socios de legislatura y Ciudadanos. La única incógnita por despejar es si el PP mantendrá su rechazo o votará finalmente a favor.
La portavoz de los ‘populares’ en la Comisión, Paloma Gázquez, adelantó que su partido considera la cooperación «una política de Estado» y por ello intentará hasta el último momento llegar a un acuerdo con el Gobierno. «Por nuestra parte no va a quedar el esfuerzo», recalcó, confiando en que se concite el respaldo de los dos partidos mayoritarios como ocurrió con la ley de 1998, con el PP entonces en Moncloa.
Así se lo volvió a trasladar el martes al Albares, a quien pidió «sentido de Estado» para poder llegar a un consenso. En este sentido, reclamó al PSOE que acepte las enmiendas que aún mantiene vivas el PP porque «mejoran el texto», tras recordar que su grupo además de haber pactado algunas ha dejado caer otras «por el bien del acuerdo».
ALBARES PIDE CONSENSO Desde el principio, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha expresado su deseo de que la nueva ley «sea aprobada por el mayor consenso posible» ya que está llamada a «perdurar en el tiempo».
Durante el debate en septiembre por la enmienda a la totalidad de Vox, el ministro sostuvo que se trata de un texto «ambicioso, completo y que define un nuevo modelo vanguardista de cooperación» además de ser resultado del «diálogo participativo». Lo que se busca, dijo, es una «revisión profunda y ambiciosa del sistema de cooperación» que permitirá «una mayor eficacia e impacto en nuestra actuación» y convertirá a España en «un país de referencia» a nivel internacional.
Para conseguir el anhelado amplio respaldo a la nueva norma, que también conllevará una posterior reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la elaboración de un nuevo Estatuto del Cooperante para dignificar esta profesión, el Ejecutivo ha pactado toda una serie de enmiendas transaccionales con los distintos grupos parlamentarios, incluido el PP.
Entre las enmiendas que han prosperado, gracias al acuerdo entre PNV y PSOE, figura el hecho de que se especifique que se destinará «al menos» el 0,7% de la RNB en el horizonte de 2030, lo que abre la puerta a que se pueda superar esta cifra, y que habrá «objetivos intermedios fijados a través de los Planes Directores de la Cooperación Española».
La necesidad de que se fijaran objetivos intermedios había sido planteada por varios grupos en sus enmiendas, incluido Ciudadanos y Podemos. En el caso de los socios de Gobierno, querían ir aún más lejos y que se fijaran «metas a alcanzar a medio plazo a través de las asignaciones necesarias en los Presupuestos Generales del Estado basadas en las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio», pero su petición no ha prosperado.
Otro de los aspectos que se ha añadido al texto presentado inicialmente por el Gobierno es el hecho de que el Plan Director, que establece la política de cooperación para el desarrollo, lo elabore el Ministerio de Exteriores, sea sometido a consulta y audiencia pública y una vez hecho esto, sea objeto de debate y dictamen previo en Congreso y Senado antes de su aprobación por el Consejo de Ministros, conforme a una enmienda suscrita por PSOE, Podemos, PP y Ciudadanos.
Por otra parte, el papel de la llamada cooperación descentralizada, es decir la que realizan las comunidades autónomas y los entes locales, había sido de los que más enmiendas había suscitado en cuanto a cómo se abordaba este asunto en el articulado, principalmente por parte de los partidos independentistas, tanto vascos como catalanes.
PAPEL DE LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA Respecto a esta cuestión, el texto pactado identifica la cooperación descentralizada como la que «se realiza desde las comunidades autónomas en el marco de sus competencias y la que desarrollan los entes locales y forales (ayuntamientos, diputaciones provinciales y forales, cabildos y consejos insulares)».
Asimismo, se sostiene que «es una de las señas de identidad y fortalezas» de la Cooperación Española y «supone una importante contribución a un sistema de cooperación más democrático y a la buena gobernanza desde la complementariedad y la corresponsabilidad».
En este apartado se ha añadido expresamente un párrafo en el que se recalca que «la acción de las comunidades autónomas en cooperación para el desarrollo sostenible se desarrollará según sus respectivos Estatutos de autonomía y leyes autonómicas como las líneas generales establecidas por sus asambleas legislativas o parlamentos».
También se ha incluido, tal y como reclamaban los independentistas, que se podrá asociar a la cooperación de comunidades autónomas y entes locales, «a partir de sus especialización y capacidades, a las actividades que desarrollen en el ámbito de iniciativas y programas de la UE y de otros organismos multilaterales».
Al hilo de esto, se ha introducido expresamente que «las comunidades autónomas podrán participar en programas de cooperación delegada de la UE en los términos que establezca la legislación comunitaria y de modo consensuado con el Estado.
Los distintos grupos parlamentarios han mantenido vivas algunas de sus enmiendas que no han sido introducidas en el texto que se votará en el Pleno y que fueron rechazadas en la Comisión de Exteriores. Entre ellas, destaca la planteada por Ciudadanos que quería que se destine «al menos el 15%» de la AOD a acción humanitaria, frente al texto inicial que fija esta cifra en el 10%.
