El impuesto temporal a la banca que ha propuesto el Gobierno supondrá una contracción del crédito, lo que reducirá la demanda y el consumo, e impactará negativamente en el empleo y el crecimiento del PIB, según el análisis de actualidad ‘Claves del impuesto extraordinario a la banca’ que ha publicado hoy el Observatorio de la Realidad Financiera (Orfin).
Este análisis coincide con la semana en la que está previsto que el Congreso de los Diputados someta a votación el dictamen sobre la Proposición de Ley para el establecimiento de gravámenes temporales al sector energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito.
El análisis ha contado con la colaboración del economista, autor y director de Orfin, José Carlos Díez; del catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y director de Estudios Financieros de Funcas, Santiago Carbó; la profesora del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela, María Cadaval; y el catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y el director adjunto de investigación del Ivie y colaborador de Cunef, Joaquín Maudos.
En este análisis, Orfin aporta una valoración sobre una serie de consideraciones clave en torno al nuevo impuesto donde indica que el gravamen limitará el acceso a las vías de financiación de las empresas, lo cual, a su vez, «restringirá la inversión nacional y extranjera». Los expertos consultados, además, advierten de la reducción del crédito, que aumenta los costes empresariales, reduce la capacidad de ofrecer empleo y orienta a la baja la inversión productiva, con lo acabará incidiendo en el crecimiento económico.
Igualmente, el impuesto puede traducirse en «un incremento del precio del producto y una mayor inflación», según los expertos consultados, quienes coinciden en que no contribuirá a afrontar el problema de la inflación y reducir los niveles de los precios. Señalan, en este sentido, que el nuevo tributo «poco tiene que ver con la idea de repartir la factura que la inflación impone a la sociedad».
Orfin también ha analizado la justificación del impuesto que ha estado explicando el Gobierno en los últimos meses, en el sentido de la existencia de los «beneficios extraordinarios» del sector. Al respecto, los expertos consultados advierten de que «con una rentabilidad del capital (ROE) por debajo del coste de captar capital, no es posible hablar de beneficios extraordinarios», como consecuencia de «la regulación, la competencia y la dificultad de operar en los últimos años con tipos de interés reducidos».
Por último, los expertos indican que, en los términos planteados en la proposición de ley, la aplicación de este nuevo gravamen extraordinario a la banca «convertiría a España en una excepción a nivel europeo». Orfin descarta comparar con otros casos que se han citado como posible referencia, como es el caso de Hungría, donde «existe un impuesto sobre potenciales beneficios empresariales que se dirige no sólo a la banca sino a un total de 20 sectores, y se justifica en un país que aplica el 9% en el impuesto de sociedades, el más bajo de toda la Unión Europea».
En el caso de España, recuerda Orfin, «la banca paga un tipo impositivo incrementado en el Impuesto de Sociedades (del 30% frente al 25% de otras empresas)».
